Decepcionante, en suma, el gelatinoso informe comentado. Empero, no hay nada que negociar, como plantean los comisionados.
El informe preliminar del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la OEA es tan candorosamente sesgado que el presidente Castillo dice – con inocultable efusividad- que los comisionados “han ratificado que mi gobierno viene recibiendo ataques desestabilizadores por un grupo político que hasta hoy desconoce el voto popular y pretende vulnerarlo”.
Así no lo expresa el documento del GAN, pero sí refiere que “existen sectores que promueven el racismo y la discriminación y no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla presidencial. Esto se ha traducido en improperios e insultos hacia la imagen del Presidente”, versión que constituye un inequívoco respaldo para victimizar al mandatario.
Más aún, ese es el argumento tracalero que utiliza el presidente mexicano Manuel López Obrador para intervenir en asuntos de competencia interna de nuestro país, lo mismo que hace el líder cocalero boliviano, Evo Morales.
ALGUNOS COMENTARIOS ADICIONALES:
– No existe ninguna referencia a la denuncia presentada ante la OEA por el presidente Castillo y el canciller Landa para activar la Carta Democrática Interamericana, aduciendo que “viene ocurriendo una sucesión de hechos y situaciones por parte del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de otros órganos constitucionales” que configuran un “proceso destinado a la alteración del orden e institucional democrática del Perú, promoviendo las modalidades de golpe de Estado”. La omisión a esa denuncia constituye una prueba de la falsía de la misma.
– El GAN hace un llamado a que la prensa ejerza “la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial y de respeto”, agregando que varios entrevistados señalaron que los medios de comunicación “carecen de objetividad” y “que en algunos casos son desestabilizadores”.
Sin embargo, no dicen una palabra sobre sistemáticos ataques del gobierno a los mismos, a quienes tacha de “basuras” y “mercenarios”, promoviendo el odio y la violencia contra los periodistas, acciones que algunas veces han derivado en maltratos y agresiones físicas. Inaceptable, en este contexto, que los diplomáticos no dialogaran con representantes de importantes organismos empresariales y de trabajadores, pero sí tuvieron tiempo de hacerlo con la señora Lourdes Huanca, de la Federación de Mujeres Campesinas, una activista política que brega por una Asamblea Constituyente
– Sospechoso silencio del documento de la GAN en relación a numerosos casos de corrupción que involucran al mandatario y sus allegados, hechos que alientan la confrontación e inestabilidad política y son causa central de los conflictos entre los poderes públicos. El encono ha escalado a niveles alarmantes porque la señora Fiscal de la Nación, magistrada Patricia Benavides, ha sido acusada de pertenecer a una banda de narcotraficantes, en infame respuesta a las 51 carpetas abiertas por su institución contra Castillo y su entorno.
Por estos hechos también se produce constantes fricciones con el Congreso que, en cumplimiento de su función fiscalizadora, evalúa esas denuncias y las acumula en el expediente que pretende la vacancia presidencial.
No menos significativo es que el informe oculte que en los consejos de ministros descentralizados y en el propio Palacio de Gobierno las portátiles del régimen demandan a gritos la clausura del Congreso y una Asamblea Constituyente, mecanismo no contemplado en la carta fundamental. Mutismo, igualmente, ante los comprobados actos de violencia y desestabilización que promueven movilizando a Lima a cocaleros, licenciados de las Fuerzas Armadas y ronderos para así intimidar a la población.
Decepcionante, en suma, el gelatinoso informe comentado. Empero, no hay nada que negociar, como plantean los comisionados. Sólo que se cumplan las leyes y se salvaguarde la autonomía de las instituciones que forman parte del Estado constitucional de Derecho. Por ello, sí es rescatable que el informe señale que las resoluciones del Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento, lo que no hizo el Poder Ejecutivo al desconocer un fallo en el sentido que cualquier cambio constitucional pasa obligatoriamente por la instancia legislativa.
