NICARAGUA: DICTADOR ORTEGA MANDA A JUICIO A OBISPO OPOSITOR

El religioso Rolando Álvarez, de 56 años, que es acusado de conspiración y propagación de noticias falsas a través de medios de comunicación y redes sociales, permanece con arresto domiciliario en Managua.

 

por los delitos de conspiración «para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsa

 

El obispo nicaragüense Rolando Álvarez,  crítico del gobierno de Daniel Ortega,  fue enviado ayer martes (10.01.2023) a juicio tras una audiencia en Managua, acusado de conspiración y propagación de noticias falsas, informaron autoridades judiciales.

Durante la audiencia se «admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa (contra Álvarez) a juicio», indicó el organismo judicial de Managua en una nota de prensa, sin precisar la fecha del juicio.

En la comparecencia en el Distrito Penal de Audiencia de Managua, la justicia confirmó la decisión de mantener al prelado bajo arresto domiciliario en una residencia de la capital, donde fue ingresado por la policía en agosto.

El obispo, de 56 años, fue acusado en diciembre por la fiscalía de Nicaragua de los delitos de conspiración «para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas» a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

 

«Tensas relaciones que la Iglesia católica»

Álvarez preside la diócesis del departamento norteño de Matagalpa.

El 19 de agosto fue trasladado por la policía desde Matagalpa a Managua acusado de intentar desestabilizar al país con sus posiciones críticas.

Junto con Álvarez también fueron detenidos al menos seis religiosos que permanecen en una cárcel de Managua sin que se conozcan oficialmente cargos contra ellos.

El organismo judicial informó que ha pedido nuevamente a la Interpol que ordene la captura del padre Uriel Vallejos, quien se exilió antes de ser apresado por los mismos delitos.

El proceso contra los religiosos ocurre en medio de las tensas relaciones que la Iglesia católica tiene con el gobierno izquierdista de Ortega desde las protestas opositoras de 2018.