MENSAJE A LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE
Por Luis Gonzales Posada.
El diario español El Mundo (23/4/2023) reprodujo parte de un informe de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre episodios de barbarie cometidos por el Gobierno de Venezuela, con la narración de 8900 casos de torturas recopilados por la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones.
Son relatos “que resumen el horror sistemático contra detenidos y perseguidos, que incluyen violaciones sexuales y hasta un perro rottweiler amaestrado por los agentes para morder en zonas íntimas”.
Entre otras historias registradas por los fiscales de la CPI, una víctima narró que “lo amarraron de pies y manos, le ataron a un carro (vehículo) del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y arrastraron más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo a un centro de reclusión, donde fue torturado 24 días”.
El documento agrega que “las torturas eran literalmente macabras: le arrancaron las uñas de las manos y de los pies con tenazas; le asfixiaron cubriéndole la cabeza con bolsas de plástico que contenían insecticidas, lo que dañó gravemente sus pulmones; aplicaron descargas eléctricas en los genitales y partes íntimas; le golpearon todo el cuerpo con toallas mojadas; le hacían bañar a todas horas en orines y excrementos”.
Referimos este informe en circunstancias en que la familia del capitán de navío venezolano-peruano Luis Humberto de la Sotta, torturado y preso político desde hace cinco años, demanda su traslado urgente a un hospital porque sufre hipertrigliceridemia familiar; litiasis renal concurrente; hiperuricemia; insuficiencia renal crónica grado 1 y hematuria periférica” de acuerdo con la Dirección de Ciencias Forenses de Caracas.
En otras palabras, este oficial de la Armada se encamina hacia la muerte sin que la Cancillería atienda las súplicas de sus familiares; todos ellos peruanos.
El 25 de marzo de este año la hermana del marino encarcelado dirigió una dramática carta a la ministra Ana Cecilia Gervasi, informando que su madre, de 85 años, se reunió el año pasado con nuestro embajador en Caracas, Librado Orozco, para solicitar que gestione su traslado a un centro médico, sin recibir ninguna respuesta hasta la fecha.
Por el mismo motivo visité a la canciller Gervasi, que me recibió acompañada del secretario general, embajador Elmer Schialer. En dicha reunión recordé que De la Sotta cuenta con una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha solicitado su libertad y reparación (dictamen A/HRC /WGAD/202149).
Además, hice referencia a que en el mismo sentido se han pronunciado la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República así como diversos organismos humanitarios y agregamos que en enero de este año la Fiscalía abrió una investigación por detención arbitraria y tortura.
Resulta incomprensible, empero, la indiferencia de la Cancillería, ante lo cual elevamos el pedido a la presidenta de la República, señora Dina Boluarte, que dirige la política exterior de acuerdo con nuestra Carta Magna.
La diplomacia debe defender los intereses permanentes del Estado, sus principios y valores, entre otros proteger los derechos humanos de un compatriota encarcelado hace un quinquenio, sin proceso judicial, a quien previamente torturaron agentes de una dictadura que ha provocado el mayor éxodo de la historia latinoamericana, con 7 millones 200 mil seres humanos que abandonaron su patria en búsqueda de libertad, trabajo y bienestar.
Nota. El art. 52 de la Constitución señala que son peruanos los hijos de padres peruanos inscritos en el Registro correspondiente. De la Sotta está inscrito con la Partida de Nacimiento 706951414.