ECUADOR: CONGRESO APRUEBA JUICIO POLÍTICO CONTRA PRESIDENTE LASSO

Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde a la moción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal.

 

El opositor Congreso de Ecuador resolvió ayer martes (09.05.2023) someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su segundo intento por destituirlo en menos de un año.

 

Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde a la moción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo.

Veintitrés diputados se opusieron y cinco abstuvieron de sufragar sobre el juicio que aún no tiene fecha de inicio.

La moción de juicio político contra el mandatario fue presentada por la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-2017).

Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos y gritos de «fuera Lasso» en el pleno del unicameral Parlamento (con 137 curules).

La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana acusa a Lasso de cometer un presunto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.

El contrato entre Flopec y Amazonas Tanker

El mandatario es señalado de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.

El correísmo es la principal fuerza en el Congreso, con cerca de 50 curules, mientras que el oficialista partido Creando Oportunidades (CREO) cuenta con una docena.

Lasso, de 67 años, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su «obligación poner la cara ante el pueblo».