EEUU SANCIONA A 100 FUNCIONARIOS DE NICARAGUA

Estados Unidos anunció ayer sábado (19.08.2023) que restringió la obtención de visa a 100 funcionarios del mandatario nicaragüense Daniel Ortega  por «ataques» a las libertades civiles, anunció el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

 

El Departamento de Estado anunció que limitará la obtención de visados a un centenar de funcionarios nicaragüenses a quienes acusa de atacar las libertades civiles del propio pueblo nicaragüense.

El secretario de Estado explicó en un comunicado que estos funcionarios han sido señalados por su participación en actividades represivas, como el cierre de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), sustituida por una universidad estatal, o la detención de defensores de las libertades civiles, entre ellos el obispo Rolando Álvarez.

El Departamento de Estado ha tomado medidas adicionales para que «se rindan cuentas por los implacables ataques del régimen Ortega-Murillo a las libertades civiles», afirma Blinken en el comunicado en referencia a la esposa y vicepresidenta de Ortega, Rosario Murillo, pero sin detallar los nombres de los sancionados.

El obispo Rolando Álvarez, que aparece mencionado en el comunicado, cumplió este mes un año en prisión. Fue detenido en agosto de 2022 en el palacio episcopal del departamento de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, y ha sido condenado a 26 años de prisión por delitos de «traición a la patria».

En un mensaje en X (Twitter) el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, afirmó este sábado que Ortega y Murillo detuvieron al obispo Rolando Álvarez «arbitrariamente» por «predicar justicia y paz para Nicaragua».

«Seguiremos promoviendo la rendición de cuentas por estos abusos flagrantes a los derechos humanos», prometió Nichols. Blinken advierte también en su comunicado al gobierno de Ortega que Estados Unidos seguirá trabajando «con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia» y apoyar «las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto de sus derechos humanos».