La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó al Poder Judicial que el empresario Alejandro Sánchez Sánchez y un grupo de investigados paguen en forma solidaria la suma de 144 millones 336 mil soles por daño patrimonial a favor del Estado peruano.
por concepto de daño extrapatrimonial a favor del Estado peruano a raíz de este caso.
Ello en el marco del caso del caso denominado «asesores en la sombra» durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo que, de acuerdo con la Fiscalía, sería una organización criminal liderada por dicho personaje
Además, la defensa legal de nuestro país también demandó que estas personas paguen, en forma solidaria, la suma de 2 millones 736 mil 843 soles por concepto de daño extrapatrimonial a favor del Estado peruano a raíz de este caso.
La Procuraduría Anticorrupción presentó ambos pedidos dentro de la solicitud que hizo ante el Poder Judicial para constituirse como actor civil o parte agraviada dentro de la investigación preparatoria que afrontan estos investigados.
Dicha solicitud de constitución en actor civil fue evaluada el último lunes 4 de setiembre por el juez Víctor Zuñiga Urday, quien deberá emitir una decisión al respecto en los próximos días.
Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea ubicada en Breña en la que Castillo Terrones realizaba reuniones tras ser electo y en los primeros días de su mandato, fue detenido el viernes, 8 de setiembre, por una patrulla fronteriza en Texas, Estados Unidos.
La Cancillería peruana informó que el empresario permanece detenido en el centro de detención Del Rio en Texas tras haber sido capturado en la frontera entre los Estados Unidos y México.
De acuerdo con el procurador anticorrupción, Javier Pacheco, Sánchez será expulsado y deportado a Perú en “las próximas horas o en una semana”.
“No debería ser más de una semana para traerlo, dependiendo de los trámites administrativos internos. Aquí, lo que toca es hacer un trámite administrativo célere para que Estados Unidos declare la expulsión”, expresó.
