Las tierras dedicadas a la agricultura en el Perú suman unas siete millones de hectáreas (ha). De ellas, tan solo 250,000 (el 5% del total) se emplean para la agricultura moderna y más de dos millones están en manos de minifundistas, con menos de cinco hectáreas cada uno. No obstante, bajo el imperio de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), con ese 5% de nuestros terrenos dedicados a la agroexportación el Perú llegó a convertirse en un verdadera potencia agroexportadora de nivel mundial.
Con tierras ganadas al desierto e inversiones intensivas en capital
Gracias a ese crecimiento de las agroexportaciones, el sector ha llegado a brindar empleo a más de un millón de personas, entre empleos directos e indirectos, y en las regiones agroexportadoras la pobreza se ha reducido por debajo de la media nacional. Por eso la enorme importancia de los proyectos hídricos actualmente en desarrollo en el país, como Majes Siguas II y Chavimochic III, que permitirán habilitar 100,000 nuevas hectáreas ganadas al desierto para inversiones en agroexportaciones.
De esos proyectos hídricos, vale subrayar la importancia de Majes Siguas II, que consiste en la construcción de una represa en el río Siguas para una gestión óptima de sus aguas. Su objetivo primordial es doble: abrir tierras fértiles para la agricultura y generar energía hidroeléctrica (a través de dos centrales hidroeléctricas, Lluta y Lluclla, que abastecerán de electricidad a toda la región). Este proyecto se erige como una oportunidad trascendental para ampliar la actividad agrícola en Arequipa y el sur de Perú.
Estas tierras ganadas al desierto para la agricultura (alrededor de 40,000) se venderán en parcelas de más de 200 ha para estimular la inversión y la adopción de tecnologías avanzadas, así como para también impulsar el crecimiento de cadenas agroexportadoras que pueden inyectar vitalidad a la economía regional. Las proyecciones de inversión para la ejecución del proyecto Majes Siguas ascienden a US$ 654 millones, con un impacto estimado en el valor agregado de la economía de aproximadamente S/ 4,300 millones a largo plazo.
En el ámbito laboral, Majes Siguas II podría abrir oportunidades para más de 80,000 trabajadores especializados en la producción de frutas y hortalizas de alta calidad. Pero el impacto del proyecto no se limita al empleo, ya que también podría dar lugar a un aumento de aproximadamente 400,000 personas en la población de la región, actualmente estimada en alrededor de 1.16 millones de habitantes. Además, se planea la creación de un significativo parque industrial y tecnológico que beneficiará incluso a las poblaciones de las regiones vecinas, como Cusco, Puno y Apurímac.
El destrabe de Majes Siguas no tendrá ningún valor económico ni contribuirá al desarrollo nacional si no hay claridad sobre la venta y comercialización de las tierras ganadas al desierto. Creemos que se debe reafirmar que las 40,000 hectáreas cultivables deberían venderse por predios no menores de 200 hectáreas, que convoquen inversiones intensivas en capital y tecnología, de manera que se garanticen economías de escala y eleven la productividad de la agricultura.
A ello hay que sumar que las inversiones en el sector agrícola enfrenta un obstáculo sustancial: la ausencia de la derogada Ley de Promoción Agraria. Esta normativa, que establecía regímenes tributarios y laborales promocionales, fue un pilar fundamental en el desarrollo del milagro agroexportador peruano. Cabe recordar que dicha ley fue derogada durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti. La necesidad de restaurar la Ley de Promoción Agraria radica en que las inversiones agrícolas –especialmente en cultivos como paltas, cítricos y arándanos– demandan un promedio de más de ocho años para alcanzar rentabilidad. Además, estas inversiones se enfrentan inevitablemente a eventos climáticos e imponderables geográficos, convirtiendo la actividad en extremadamente riesgosa.