Ahora corre el rumor que la parte china del consorcio planteará una queja al estado peruano bajo el amparo de puntos muy específicos del TLC entre ambos países.
En diversas oportunidades, abordé en esta columna la trascendencia que tiene la construcción del terminal portuario multipropósito de Chancay, obra a cargo del consorcio Qosqo Shipping Port integrando por inversionistas mayoritariamente chinos y la empresa minera Volcan del Perú.
Lo hice dado que conocí desde su origen la dimensión de este proyecto diseñado por el visionario Juan Ribaudo de la Torre, un marino en situación de retiro (quien me fue presentado cuando dirigía la Sociedad Nacional de Pesquería) ya fallecido junto a dos colegas suyos de la naval, los ex comandantes generales José Noriega y Carlos Tejada. Ello antes del ingreso de Volcan y los capitales chinos.
Como sabemos, el megapuerto de Chancay constituye la apertura de un gran hub de oportunidades diversas las cuales han sido bien reseñadas esta semana en un artículo periodístico por Ignacio de Romaña, representante peruano del consorcio, quien destacó que el mismo es “un eslabón que requiere de otros más para construir una sólida cadena de progreso”, como – por ejemplo – un tren bioceánico desde Brasil, el desarrollo de la industria petroquímica, la consolidación transformadora de las materias primas en las zona económica exclusiva adyacente y un largo etcétera.
Las obras del terminal tuvieron viento favorable hasta que una extemporánea como desatinada observación pública de la Autoridad Portuaria Nacional formulada en la segunda quincena de marzo – reconociendo previamente como error propio no haberla planteado al inicio del proceso – amenazó paralizarlas arguyendo que esta iniciativa privada no debía tener derechos de exclusividad en la explotación de los servicios esenciales de la infraestructura del puerto.
Con un enojo legítimo el consorcio, la embajada de la República Popular China, la opinión pública informada y otros, elevaron su voz de protesta ante la posibilidad de dejar sin piso el megapuerto. Y fue tan ruidosa esa voz que el pasado 5 de abril se dio a conocer la renuncia (mejor diríamos destitución) del titular de la APN, Walter Tapia. Al mismo tiempo y en un periodo récord, se presentó ante el Congreso una propuesta de ley para modificar el marco normativo del Sistema Nacional de Puertos y así viabilizar el derecho de exclusividad a favor de los emprendimientos portuarios privados, la cual fue aprobada esta semana.
No obstante ello, tal modificación excluyó una disposición transitoria que diera permiso automático a las tareas ya ejecutadas por parte de Qosqo Shipping Port en Chancay. Por el contrario, el consorcio deberá iniciar nuevamente todo el proceso permisomaniaco como si estuviera a fojas cero.
Ahora corre el rumor que la parte china del consorcio planteará una queja al estado peruano bajo el amparo de puntos muy específicos del TLC entre ambos países. Y quizás esto explique el muy cercano periplo del ministro de RREE Javier Gonzales-Olaechea hacia Beijing luego de estar en París donde revisará aspectos de nuestro ingreso a la OCDE.
Pero la metida de pata de un funcionario de tercer nivel ya puso en riesgo las bien llevadas relaciones con el gigante asiático. Y tal vez resulte muy difícil sacarla.
