Somos un país que ha mostrado al mundo la situación demencial de tener en el último lustro un promedio de un presidente de la República por año.
En los últimos tiempos estamos viendo pronunciados excesos en el comportamiento de autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, como por ejemplo allanamientos domiciliarios e incautación de bienes.
Con gran facilidad el Ministerio Público solicita y el Poder Judicial lo ordena, allanamiento a domicilios particulares, oficinas comerciales o profesionales, entidades estatales y hasta incluso el despacho de la Presidencia de la República, de parlamentarios y de ministros de Estado, entre otros altos funcionarios.
La disposición de allanamiento va acompañada del descerraje, suponiéndose que es ello medida extrema, aunque se ha convertido no solo en usual sino ejercida con violencia y muchas veces informando a la prensa para que sean testigos y luego difusores del hecho.
Las incautaciones también son exageradas pues se llevan de todo, desde teléfonos celulares, pasando por computadoras y siguiendo con cuanta documentación se encuentra, sin siquiera una previa clasificación y calificación
En estas incautaciones, cuando son en oficinas de profesionales, se inmiscuyen y entrometen en documentación que no es necesariamente vinculada con los investigados, sino con terceros, con lo cual se atenta contra la garantía constitucional del secreto profesional y de protección a la intimidad.
Los allanamientos e incautaciones en domicilios y/o despachos de altas autoridades, generan descrédito del país y ello afecta a la Economía, siendo ello tan cierto que acabamos de ver como una de las grandes calificadoras de riesgo país, ha bajado al Perú en su calificación.
Si bien es verdad que existen altísimos funcionarios de la República, que para ser procesados requieren el permiso del Congreso, quien con arreglo a la Constitución es un filtro que autoriza o no el enjuiciamiento, no es menos verídico que el Ministerio Público y Poder Judicial pueden investigar, pero ello debería hacerse con mesura para no perjudicar imagen país, indispensable para captar inversiones y generar fuentes laborales.
El ruido político y social, es un mal síntoma para conseguir inversiones, tanto nacionales como foráneas. Los inversores requieren de paz social y política, garantías fácticas para sus inversiones, respeto a su capital humano y empresarial, así como estabilidad. Pero si esto no se da y encima hay abusos en medidas excepcionales como allanamientos e incautaciones, el tema se torna muy grave.
Somos un país que ha mostrado al mundo, la situación demencial de tener en el último lustro un promedio de un presidente de la República por año. Hemos batido récords, lamentablemente no de lo bueno, sino de lo no deseable, lo que se agrava con todo lo que hemos expuesto anteriormente.
Pero las exageraciones gubernamentales no quedan allí, puesto que la Contraloría General de la República, acaba de dar norma para conculcando el secreto bancario y la reserva tributaria, pueda exigir directamente al Sistema Financiero y a las entidades tributarias, información sobre funcionarios públicos en proceso de investigación, sin pasar por la previa autorización judicial. Buen propósito, pero pésimo camino.
Respetemos las normas legales, pero evitemos los excesos que generan desconfianza.
