acostumbrémonos a vivir en democracia, nos guste o no nos guste lo que nos tocó esta vez y cambiemos la pataleta por el argumento.
Hubo una larga etapa en que tuvimos un Tribunal Constitucional compuesto por una mayoría “progresista” (de acuerdo al concepto actual de progresismo, consolidado en los ochenta/noventa en varias universidades de Estados Unidos).
En esa etapa, por ejemplo, el TC decidió por cuatro votos contra tres, que la denegación “fáctica” de la confianza por parte del Congreso al Ejecutivo era constitucionalmente plausible. Muchos pensamos que no lo era y que el TC avalaba un golpe.
Sin embargo, ése fue el fallo y, aún quienes pensábamos que no era pertinente, tuvimos que acatarlo.
Institucionalidad y acatamiento
Cuando una sociedad opta, no por criticar, sino por desacatar las decisiones de las entidades competentes, entonces se ha roto la institucionalidad. Y a veces (pocas) eso no está mal.
Cuando fue evidente que las elecciones de 2000 habían sido fraudulentas, era justo y natural que hubiera protesta social y que se rescatara el voto ciudadano. El desacato allí implicó el cuestionamiento social activo a un delito contra la voluntad popular.
Otros delitos aparecieron y cayó el régimen fujimorista. El desacato venció al delito y eso es correcto.
No obstante ello, ésa puede ser la excepción pero no la regla. La vigencia del sistema democrático depende del cotidiano acatamiento de las decisiones de aquellos encargados de tomarlas. Eso de gritar que es delictivo que los congresistas negocien y se pongan de acuerdo para cumplir con su deber constitucional (por ejemplo elegir a los miembros del TC o al Defensor del Pueblo) es una absoluta falsedad que en esencia quiere decir “si no eligen al que yo quiero, que no elijan a nadie”.
De hecho, ése fue el argumento para habilitar la “denegación fáctica” a la que aludió Vizcarra en su justificación del golpe del 30 de septiembre de 2019. Es decir, como el Congreso siguió con su agenda para elegir a los nuevos miembros del TC (y eso era un crimen para Vizcarra y sus aliados y no, lo que en verdad es, una facultad exclusiva y excluyente del legislativo), el señor presidente accidental de entonces decidió disolver el Congreso. Felizmente ese engendro de la denegación fáctica ya no existe más.
Claro, acatar implica que los tomadores de decisiones lo hagan bien en términos generales.
En las instancias colectivas, las decisiones se toman por votos. Esa es la regla democrática y así debe aceptarse. Quien no lo haga incurre en desobediencia a la autoridad y eso es un delito.
Salvo causales como las que se produjeron en 2000 o en 2021, desacatar es vulnerar el Estado de Derecho. Nadie debe, por supuesto, obediencia a un gobierno que viola la Constitución, eso está claro en los artículos 45° y 46° de la Carta Magna.
Debió haber sucedido lo mismo el 30 de septiembre de 2019, creo yo, pero las entidades encargadas de establecerlo no sólo no lo hicieron sino que se subieron al coche de la popularidad. Y quienes deberían haber sido consistentes con su oposición al golpe del 5 de abril de 1992, resultaron siendo los principales cómplices de lo mismo que objetaban cuando se produjo el golpe vizcarrista que ellos alentaron explícitamente. Es muy probable que esto se deba a que más de uno de los antifujimoristas de hoy, en ese momento o a partir de ese momento, estuvieron muy cómodos cerca (o dentro) del gobierno de Fujimori. Puedo hacer una lista de los que usufructuaron de distintas formas el gobierno de Fujimori y que lo fueron abandonando luego de 1998 e incluso sólo tras su caída, pero por ahora lo dejaremos pendiente.
Democracia a pedido del cliente
La democracia es una sola, con variantes formales, y debería actualizarse. La idea básica de Darwin es plenamente extrapolable al ámbito social.
No puede haber democracia a la carta. Sí puede haber decisiones diferentes dentro de la lógica democrática. Se puede discutir si las elecciones arrojan resultados directos o si designan un Colegio Electoral que nomina indirectamente a las máximas autoridades. Se puede discutir sobre presidencialismo o parlamentarismo.
Se puede discutir sobre unicameralidad o bicameralidad o sobre una instancia directa bien formalizada que combine modernidad tecnológica con procesos informados de debate, propuesta y decisión (esta idea me seduce particularmente porque permitiría escuchar regularmente la voluntad de la población; porque sólo requeriría un congreso unicameral de número breve y de calidad óptima y porque facilitaría la información indispensable para acceder al debate y a la propuesta).
Por eso lo esencial es la participación informada de la sociedad.
Las minorías deben ser respetadas y protegidas pero el núcleo de la democracia es el acatamiento de la voluntad de la mayoría, que cumpla procedimientos ordenados formalmente y que no ponga en juego los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
No darse cuenta de que estamos, y no sólo en el Perú, en ruta a la implosión del sistema democrático es ciertamente irresponsable.
Las autoridades electas son, por definición, el centro del sistema democrático, según las regulaciones constitucionales establecidas. Otras autoridades, en tanto cumplan el procedimiento constitucional para su composición y funcionamiento, son la segunda y tercera línea de este ordenamiento. Lo temporal de las designaciones por sufragio garantiza a la sociedad poder corregir sus errores y si agregamos donde corresponda confirmaciones intermedias de los mandatos, probablemente eso sea beneficioso en un marco de incredulidad general en los actuales gestores públicos.
Pero entre la reforma indispensable, que es un tema, y el desacato y la desobediencia hay un largo trecho que no debemos recorrer.
Así que, acostumbrémonos a vivir en democracia, nos guste o no nos guste lo que nos tocó esta vez y cambiemos la pataleta por el argumento. Intentemos igualmente hacer mejor las cosas para captar el voto de la población. No pidamos misiles iraníes en la Plaza Bolívar, busquemos gobernar por el voto. No procuremos el partido propio. Con cuarenta candidaturas en posible lid, mejor rifemos la presidencia, como sugiere Carlos Gálvez con gracejo.
No olvidemos que, a estas alturas ya las economías criminales han tomado buena parte de nuestro territorio y que necesitamos a la brevedad un gobierno, porque éste no califica como tal.
