LA CONSTANTE PRESENCIA DEL MINISTRO DEL AMOR

Aupado en un pedestal ético de muy dudosa factura, con un discurso que no se condice con la realidad, quien fue ministro por un brevísimo tiempo –habiéndose arrodillado, nada menos, que ante un expresidente como Castillo–, hoy día quiere llevarse la primicia y las preces de un grupo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), su supuesta sapiencia en materia de seguridad ciudadana,  termina siempre con el mismo mensaje político: “la presidenta debe renunciar y el plazo electoral se debe de adelantar; no podemos esperar al 2026; el país no da para más…”, sentencia con voz graves y el necesario gesto adusto.

no se puede estar en democracia y cumplir los principios básicos del Estado de Derecho, rompiendo, alterando, o desconociendo lo que dice la Constitución, menos aún con gente que estuvo breve tiempo en la administración pública, solicitando desde su chatura moral la renuncia de la presidenta

Lo mismo dice Marisol Pérez Tello, ex PPC y hoy candidata entusiasma de una clara corriente de izquierda, en la presentación de su nuevo movimiento político, teniendo a todos los “morados” detrás.  Y lo mismo sostiene la prédica caviar que ha determinado, con su mejor argumento, que ya no estamos en un gobierno democrático, que hay una “dictadura del Congreso” y ha solicitado el establecimiento en la OEA de la carta democrática contra Perú, como si viviéramos en una dictadura, un gobierno dictatorial, autoritario o fuera de los márgenes constitucionales.

Lo cierto es que es el mundo al revés, porque el plazo constitucional, el plazo textualmente escrito en la Constitución, quiérase o no, vence en julio de 2026, y cualquier alternativa diferente implicaría una modificación constitucional difícil de aprobar.  Hacerla por la vía de los hechos sería una paradoja marcadamente inconstitucional, casi rayando en el golpe de Estado.

Pero eso es lo que se quiere hacer, eso es lo que estos gurúes de la política doméstica claman urbi et orbi, porque ellos son los únicos de “oyen a la calle”.  Claramente hay un cerco político que empieza en el  Ministerio Público contra la exfiscal Benavides, y que luego -ante el fracaso de su total defenestración-, se ha trasladado, claramente, a la propia presidente de la República, iniciando un estrangulamiento político que debería de terminar, según ellos y según su prédica, con la destitución de la presidenta por “incapacidad moral permanente”, lo que supondría como sucesor presidencial al presidente del Congreso de la República  –no sabemos en verdad a quién– y el adelantamiento de un año de las elecciones, como si eso fuera arreglar los problemas del Perú, o como si eso no nos fuera a lanzar al profundo vacío político.

Empero, en los hechos, esta predica que remeda como un déja vú, al caso de Merino y Sagasti, no quiere otra cosa más que capturar el poder sin elecciones, aquel poder que se tenía en el MP, el poder que se tenía en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y el poder que se mantiene en algunas universidades, como el caso de la “gentita” de la PUCP, o de sus herederos en la Universidad del Pacífico. Ese poder caviar que pretende mantenerse aún a costa de ahorcar los principios constitucionales, que es lo que estamos presenciando ahora.

Claramente la presidenta no da la talla, claramente la presidenta no acierta en sus decisiones. La disputa o lucha de egos entre un canciller, que parece no ver la realidad, y un exembajador en España que pierde presencia al lado derecho de la presidenta como su principal consejero político, es una revelación de que viven en un mundo paralelo y que no se dan cuenta de la grave crisis política que afrontamos en el Perú.

Pero esa crisis no se va a solucionar adelantado los plazos electorales por un año, o entregando el Gobierno a un grupo de izquierda o a un grupo caviar: esa crisis se va afrontar con un acuerdo nacional que nos lleve de cualquier manera hacia el cumplimiento de las metas y los plazos electorales que deberían darse en abril de 2026 con las elecciones generales tal como está previsto en la Constitución. ¡Cómo cuesta cumplir con lo ordena la Constitución!

Hay solamente dos opciones: o seguimos la regla de la Constitución (rule of de law) y nos mantenemos como un Gobierno constitucional y democrático; o alteramos la regla de la Constitución y vamos creando las reglas al momento, por esos gurúes genios políticos de discutible base moral –casi-casi imitando lo que hizo Fujimori en su momento y que tanto se denuesta, o lo que pretendió hacer Castillo y no le resultó el 7 de abril de 2021–. Las opciones están claras entonces y la opción debería de ser una opción democrática.

Así las cosas, no se puede estar en democracia y cumplir los principios básicos del Estado de Derecho, rompiendo, alterando, o desconociendo lo que dice la Constitución, menos aún con gente que estuvo breve tiempo en la administración pública, solicitando desde su chatura moral la renuncia de la presidenta de la República, supuestamente por una falta ética. Esto es una grave contradicción que no debería pasar y que los medios de comunicación permanente alientan, a veces, sin darse cuenta, coadyuvando en la construcción del camino hacia un golpe de estado soterrado, un golpe de estado de baja intensidad, un golpe de estado blando;  pero, al fin de cuentas, igual constituye una grave alteración constitucional.