Todo esto, es facilitado por una constitución que tiene más de 57 modificaciones, un código penal que tiene cerca de 400 enmiendas…
La Constitución en su Art. 1ero señala que la obligación de todos, Estado y Sociedad, tienen por finalidad la defensa de la persona humana y respeto a su dignidad, a la vida, a la paz y la tranquilidad; sin embargo, la realidad nos demuestra todo lo contrario. Los medios de comunicación social semejan a un boletín policial permanente e indetenible de delitos, homicidios de los más crueles, con descuartizamientos, calcinamiento de las víctimas, entierros clandestinos y formas inimaginables de poner fin a la vida. Los secuestros, extorsiones, asaltos seguido de lesiones, violaciones, etc, no tienen cuando terminar.
Si observamos a los delitos cometidos por funcionarios públicos, desde lo mas alto de la pirámide hasta la base administrativa, es igual la historia, peculados, malversación de fondos, colusiones y otros que son clasificados como organizaciones criminales. Realmente a diario vemos los allanamientos de Municipalidades, Ministerios, Congreso, Unidades Militares, Fiscalías, hasta la Presidencia de la República; con la intención de recopilar medios probatorios para los procesos de investigación o tramite en los Juzgados Penales respectivos.
En lo que respecta al cinismo de respuestas ante la prensa que es la primera instancia, manifiestan mintiendo desvergonzadamente, como una práctica de acciones vituperables, pensando que se puede de esta forma engañar a la opinión pública, sin asumir la mínima responsabilidad de los delitos por los cuales se les investiga; y muy común, trasladarles la culpa a confabulaciones imaginarias con personajes inelegibles, o terroristas, miembros de partidos políticos, caviares y otros chivos expiatorios de su pésima gestión gubernativa.
Todo esto, es facilitado por una constitución que tiene más de 57 modificaciones, un código penal que tiene cerca de 400 enmiendas, los códigos procesales ni que decir, destruyendo instituciones procesales por las cuales se escapa la justicia; una presidenta que da versiones insostenibles, congreso que da ley para recortar la prescripción a favor de su presidente, consejos de ministros que en vez de cumplir sus funciones resultan abogados de Dina Boluarte.
Este contexto sigue facilitando la comisión interminable de delitos, los organismos públicos dedicados a defender a los superiores jerárquicos y la población en total indefensión de los delincuentes, que dominan las zonas populares y periféricas de las capitales del país.