En una histórica decisión, el Congreso de la República aprobó una reforma constitucional mediante la cual se eliminarán los movimientos regionales, obligando a estos movimientos a participar a través de partidos políticos nacionales. Igualmente, el Legislativo aprobó una reforma constitucional en la que se establece la reelección inmediata por una sola ocasión de gobernadores, vicegobernadores, alcaldes y regidores.
Se eliminan movimientos regionales para desterrar caudillismos locales
A nuestro entender el Congreso asume una decisión histórica, porque se propone cancelar el proceso de balcanización de la política que, de una u otra manera, empezó tres décadas atrás con las campañas en contra de la llamada “partidocracia” del fujimorismo de los noventa, y que luego el progresismo llevó hasta límites no imaginados. Finalmente, la actual crisis política y la pobreza de la representación en el Legislativo tiene que ver con ese ciclo en contra de los partidos políticos.
Cuando se discuten estos temas vale recordar que, no obstante la revolución digital y de las telecomunicaciones, hasta hoy no se ha creado una entidad alternativa a los partidos políticos para intermediar, en una sociedad abierta, entre los intereses de la sociedad y el Estado. Asimismo, vale señalar que cuando una sociedad carece de partidos nacionales, generalmente el sistema republicano se enferma, se balcaniza y comienza su disolución, tal como empieza a suceder en la sociedad peruana.
En el Perú, el regionalismo caudillista no solo ha sido un factor pernicioso, que ha detenido el crecimiento y el desarrollo nacional a través del bloqueo de proyectos mineros como Tía María en Arequipa y Conga en Cajamarca –paralizando el ciclo de inversiones mineras, de agroexportaciones e infraestructuras–, sino que se ha convertido en una de las mayores fuentes de corrupción pública. Hoy casi no es posible separar el caudillismo regional de la crisis política del país que comienza a detener el crecimiento, erosionar las instituciones y bloquear la viabilidad de la sociedad.
Asimismo, el regionalismo caudillista ha sido uno de los factores principales del fracaso de la actual descentralización. Y obliga, de manera imperativa, a proceder con una reforma constitucional para encontrar una dialéctica alternativa entre descentralización y Estado unitario.
Por todas estas consideraciones, los argumentos acerca de que la reforma constitucional atenta contra “los derechos de participación ciudadana” responden más bien una concepción progresista, que busca relativizar el papel de los partidos en el sistema republicano, con el objeto de crear un sistema en que algunos poderes fácticos gobiernen al margen del sufragio electoral y los sistemas de representación democrática. Tal como sucede en el Perú o tal como suele promover el eje bolivariano en la región, con sus discursos en contra de “los partidos tradicionales”.
Desde la independencia, el Perú no logra organizar una república ni tampoco establecer una dialéctica entre Estado unitario y descentralización. Luego de cortar con la metrópoli española, los peruanos contemplamos medio siglo de caudillos militares antes de elegir al primer presidente civil a través del sufragio. En el siglo XX, de una u otra manera, comenzaron a aparecer nuevos partidos nacionales modernos, liderados por el Apra y Acción Popular. Sin embargo, la imposibilidad de desarrollar las reformas económicas deslegitimó a esos partidos, y el fujimorismo de los noventa empezó el discurso contra las partidocracias, que luego perfeccionó el progresismo, colocando al individuo antes que las organizaciones intermedias.
La libertad y el régimen republicano solo pueden existir a través de un régimen de partidocracia. Es decir, del gobierno de los partidos, de las aristocracias partidocracias, de las cúpulas partidarias. Si no existen partidocracias se desarrollarán estrategias para gobernar sin formar partidos ni ganar elecciones, tal como sucede en el Perú. Una situación que ha llevado a la democracia peruana y a la representación política al fondo de los abismos. O en el peor de los casos, en las regiones comenzarán a gobernar las economías ilegales, tal como acaece en el país a través de los movimientos regionales.
Por todas estas consideraciones creemos que el Congreso debe ratificar esta trascendental reforma constitucional porque el Perú necesita de una partidocracia.