490 PLAZAS

Escribe: Elmer Barrio de Mendoza

 

A última hora, cuando le queda nada  más que seis meses de vigencia, decide convocar a concurso para nombrar 58 jueces y 432 fiscales en todo el país. Lo que no hizo en cuatro años y medio lo quiere lograr en apenas medio año

 

Los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia fueron designados entre enero y febrero de 2020 a instancias de una Comisión Ad hoc creada por Martín Vizcarra Cornejo. El mandato de cada uno dura cinco años. Por tanto en enero y febrero de 2025 deben haber sido reemplazados todos. La Comisión Especial ya se ha instalado y, a fines de este año, debe haber nominado a los nuevos miembros (¿y miembras?) de la JNJ.

El encargo principal de la JNJ fue terminar con la provisionalidad de jueces y fiscales en el Perú. Ha tenido casi cuatro años y medio para lograrlo y, por el contrario, la situación se ha agravado.

A última hora, cuando le queda nada  más que seis meses de vigencia, decide convocar a concurso para nombrar 58 jueces y 432 fiscales en todo el país. Lo que no hizo en cuatro años y medio lo quiere lograr en apenas medio año. Eso es técnicamente imposible. Significaría que en 180 días van a poder hacer evaluación de hojas de vida y examen de conocimientos de alrededor de dos mil candidatos, y entrevista personal de mil preclasificados. No hay forma.

Con cinco miembros vigentes (o incluso si estuvieran hábiles los siete) la Junta no se puede dar a basto para esa tarea. No lo podrían hacer ni los mayores titán jurídico de la historia universal.

La única explicación posible para esta convocatoria inverosímil es que ya exista una lista de candidatos preestablecida (y secreta por supuesto) para cubrir casi medio millar plazas del Sistema de Justicia en un cronograma carente de transparencia y razonabilidad.

Como este rumor recorría calles y plazas hace un mes, el Congreso ha desempolvado un proyecto de ley para, entre otras cosas, eliminar la JNJ y establecer una Escuela Nacional de la Magistratura con capacidad de asignar las plazas fiscales y judiciales según rendimientos y méritos pero esto también es insensato. Primero porque en las últimas décadas se procura la evaluación de tercera parte para evitar favoritismos en las entidades de formación y capacitación y, segundo, porque la implantación de este nuevo protocolo tomaría tiempo y la provisionalidad se consolidaría. O sea, el remedio podría ser peor que la enfermedad.

Dicho esto, dejemos que la Comisión Especial encargada de designar a los nuevos miembros de la JNJ (siete titulares y siete suplentes) culmine su labor y que revise todo el proceso de esta malhadada convocatoria con signo político indudable. De repente por allí se le ocurre a alguien nombrar juez superior al ya jalado José Domingo Pérez Gómez. La pus aparecerá por todos lados, que no les quepa duda.

Que luego venga el cambio constitucional requerido para modificar el modelo de selección de jueces y fiscales, con la calma y prudencia que todo giro constitucional requiere.

P.S. Si alguien se pregunta porqué es tan mala la provisionalidad, la respuesta es simple: porque los fiscales y jueces provisionales, debido a su inestabilidad, son más vulnerables a amenazas, extorsiones y sobornos que aquellos que gozan de titularidad.