¿POR QUÉ NO SE HACEN REFORMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN EN EL PERÚ?

(El Montonero).- Avanza el siglo XXI y el Perú no puede desarrollar una nueva ola de reformas que le permitan incrementar la productividad y la competitividad de la economía, tal como cuatro décadas atrás lo hicieron Corea del Sur, Singapur, Hong Kong y otras sociedades que abreviaron su paso al desarrollo. Cuarenta años atrás, los migrantes de Asia venían al Perú y América Latina en busca de oportunidades. Hoy sucede lo contrario. La explicación: las reformas desarrolladas en Asia.

Las guerras ideológicas explican que el Estado se haya sobrerregulado

En este contexto, en el Perú y la región no se pueden desarrollar nuevas reformas por la guerra ideológica que han desatado las izquierdas del eje bolivariano, en sus versiones comunistas y progresistas. Por ejemplo, si no existe claridad sobre el modelo económico –es decir, sobre el papel del Estado y de la empresa privada– será imposible desarrollar una reforma tributaria y otra laboral. ¿Por qué? Las izquierdas, que tienen una enorme influencia cultural y mediática, han desarrollado el sentido común acerca de que los empresarios existen “sobre la explotación de los trabajadores, sobre la extracción de la plusvalía”. Semejante visión persiste como un evangelio profano, como un acto de fe, porque la experiencia soviética ha demostrado que, sin empresarios, sin mercados, sin sector privado, una sociedad no puede producir riqueza.

A la hora de desarrollar una reforma tributaria, las izquierdas siempre plantearán el incremento de impuestos porque es la manera de “enfrentar la voracidad explotadora del empresariado”. De esta manera la estatización progresiva del sector privado llevará a más informalidad y exclusión de las mayorías, tal como sucede en el Perú. Igualmente, será imposible replicar el modelo laboral de los países desarrollados, que han alcanzado la prosperidad de los trabajadores y el pleno empleo en base a la flexibilidad laboral de los contratos de trabajo. Como en la clase política y el espacio público del país se cree en “la maldad natural del empresariado”, la legislación laboral tenderá a la estabilidad laboral absoluta y a declarar derechos sociales al margen de la realidad y la productividad de las empresas. El resultado: la mayoría de los trabajadores en informalidad.

Las guerras ideológicas, pues, son determinantes en el futuro de una sociedad. En los países asiáticos no existen estas colisiones de modelo, y de allí la explicación de que Corea del Sur, por ejemplo, haya alcanzado el desarrollo en cuatro décadas.

Cuando en el Perú se habla de que, en las últimas dos décadas, ha surgido un Estado extremadamente sobrerregulado, lleno de trámites y procedimientos, que ahogan las iniciativas de la sociedad y la inversión privada, también se está hablando de una consecuencia de las colisiones de modelos económicos. Si en el país existiese el consenso acerca de que el sector privado es la principal fuente de riqueza y prosperidad –tal como sucede en todas las sociedades desarrolladas–, entonces la organización estatal se convertiría en el principal promotor de inversiones, de la generación de empleo formal y de la reducción de la pobreza.

El sentido común construido por las izquierdas en las élites y en el espacio público, por el contrario, demoniza al empresario. Y entonces se levantan sobrerregulaciones de aquí para allá, para detener al supuesto mal. En este contexto, ¿cómo así se puede implementar una reforma del Estado? ¿Cómo siquiera se puede proponer la reducción de los gastos del Estado y la reducción de ministerios y dependencias estatales?

Es evidente, pues, que la última década de bajo crecimiento y nula reducción de pobreza se explica también por las guerras ideológicas y los sentidos comunes predominantes en la sociedad. A veces no es necesario controlar directamente el poder para convertir al Estado en el peor enemigo del modelo y de la Constitución de 1993.