José Domingo Pérez Gómez fue expectorado por su propio jefe, Rafael Ernesto Vela Barba.
Semanas antes de iniciarse el juicio, Vela decía que la acusación fiscal era contundente y las pruebas, abrumadoras.
Ahora Batman despide sin reparos a su Robin, para que no haya, dice, posterior objeción del Tribunal Constitucional ante eventual recurrencia de los acusados. Excusa tras excusa.
La verdad, como todos hemos visto, es que el caso se está cayendo a pedazos.
Quién puso a Vela y Pérez
Nadie debe olvidar que quien designó a Rafael Vela y a José Pérez fue el ex Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.
El anterior fiscal a cargo, Hamilton Castro, nombrado por Pablo Sánchez, se había negado a firmar el Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht (hoy Novonor) y no estaba dispuesto tampoco a liberar a los líderes nacionales del Club de la Construcción que entonces estaban bajo prisión preventiva. Era una piedra en el zapato de los que querían sustentar todo en acuerdos oscuros, con muchísima plata de por medio.
Castro estaba dispuesto a incautar la documentación física y los equipos informáticos de Odebrecht (hoy Novonor) y establecer una línea estratégica de investigación que rematara en una sólida acusación. Había que evitarlo, había que sacar a Castro y así fue que sucedió.
Entraron Vela y Pérez a la cancha y, alumbrados por la linterna negra de Gustavo Gorriti, liberaron a los empresarios detenidos y firmaron un preacuerdo con Odebrecht (hoy Novonor) donde sometían al país a la voluntad de los brasileros y les aseguraban total impunidad. Si no fuera así, por qué no exhiben hasta hoy el acuerdo final que se oculta como Secreto de Estado, cuando evidentemente ya fue violado por Odebrecht (hoy Novonor) de todas las maneras posibles.
Los protagonistas
El Acuerdo fue firmado por Pérez, hoy evidente cabeza de turco, y también por los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, de cuyo papel no hay que olvidarnos. Vela y Gorriti se hicieron cargo del marketing y despegaron una epopéyica defensa pública del Acuerdo y de la “reforma plena” de Odebrecht (hoy Novonor) con el apoyo de los medios, abogados e intelectuales signados como “progres”.
Ramírez puso una objeción mínima (pese a que finalmente firmó el documento) que luego le costó el puesto y Carrión se quedó con todo, en lo que corresponde a la defensa (o no) de los intereses del Estado.
La jueza que aprobó el Acuerdo fue María de los Ángeles Álvarez Camacho. Por un rato se hizo un poco la difícil pero luego pasó por el aro.
Ya se conocerán las interioridades del proceso.
Qué vino después
Vela y Pérez, entonces en su momento estelar, rápidamente pudieron la liberación de los empresarios detenidos a cambio de su compromiso de “colaboración eficaz”, facilitaron que los principales ejecutivos de Odebrecht Perú liquidaran sus activos personales y familiares y retornaran a Brasil con jugosas indemnizaciones.
Inmediatamente después viajaron una y otra vez a Brasil (ya el Equipo Especial Lava Jato contaba con presupuesto y personal incrementado) e interrogaron a los funcionarios de Odebrecht mientras filtraban a los medios afines cada pregunta y cada respuesta en tiempo real.
En el Perú se creó un ambiente de culpa y persecución de los investigados, sin que mediara prueba corroboratoria alguna porque la evidencia final comprometida (el contenido de los servidores Droussys y MyWebDay, que decían que acreditaba los pagos ilegales de la llamada División de Operaciones Estructuradas o Caja 2) nunca fue entregada válidamente.
La justicia brasilera determinó que los servidores habían sido desplazados y manipulados por personas no autorizadas: la cadena de custodia se había roto. Ante esto, como no podía ser de otro modo, el Santo Grial de los servidores Droussys y MyWebDay fue invalidado como fuente de prueba. Ergo, todo lo que quedaba era la palabra de los brasileros.
El fin de Pérez
Ahora no basta que el fiscal formule la acusación, ésta tiene que pasar por control judicial y sólo si el juez la admite se procede al juicio oral. El juez a cargo, Víctor Zúñiga Urday, rechazó 22 veces la acusación de Pérez, le dio 22 oportunidades de corregirla (debe ser un récord mundial) y finalmente ayudó a hacer la última rectificación para poder aprobarla. Esto es inaudito y eventualmente ilegal. Zúñiga tendrá que responder por su conducta en algún momento.
El discurso introductorio de Pérez ante la Sala Penal fue una lágrima. Anunció a sus dos mayores fuentes y ofreció los testimonios autoinculpatorios de Jorge Barata y de Dionisio Romero. A cambio recibió dos bofetadas. Ni Barata, ni Romero declararían en los términos anunciados por el incompetente Pérez.
Así las cosas, el Tribunal Constitucional falló a favor del amparo requerido por el doctor Arsenio Oré y determinó la inexistencia del delito de obstrucción de la justicia por el que Pérez lo acusaba. Esta decisión del TC era extensible a otros acusados y así decidió proceder la Sala Penal. De la acusación de Pérez quedó casi nada.
No existe lavado de activos porque ninguno de los testimonios existentes admite origen ilícito del dinero. No existe obstrucción de la justicia porque así lo ha determinado ya la Sala. Pérez, hoy, es un huérfano y sus otrora hinchas se aíslan de él. Pronto será abandonado totalmente y pretenderán culparlo de todo.
No dejemos que eso pase. Un pobre hombre, de natura insolvente y de sapiencia inexistente, no puede cargar solo con una cruz que construyeron muchos y cuyo costo debe ser debidamente distribuido entre todos los culpables.
