consideramos indispensable adoptar una primera medida para sacar de la calle a los delincuentes capturados en flagrancia: aumentar el plazo de detención de 48 horas a 30 días
Hace largos meses que vengo insistiendo en la imperiosa necesidad de adelantar las elecciones generales porque como fue previsible, desde un principio, la señora Boluarte no da la talla para ejercer la Presidencia de la República, menos aún en el escenario de convulsión y de crisis por el cual atraviesa nuestro país.
La huelga de transportistas, provocada, de manera insólita y sin precedentes, por la terrible inseguridad en la que desarrolla sus actividades ese importante gremio ha sido, sin duda, la gota que ha rebalsado la copa: no es el clásico paro gremial exigiendo mejores condiciones económicas o laborales sino una protesta masiva frente a la extorsión y el sicariato que se han apoderado del transporte colectivo en Lima a manos fundamentalmente, según se informa, de dos organizaciones criminales.
El régimen ha reaccionado ,como de costumbre, a destiempo y con medidas cosméticas poniendo en evidencia la carencia de una estrategia de lucha contra la delincuencia: la declaratoria del estado de emergencia en 11 distritos de Lima no es otra cosa que la réplica de semejante medida tomada hace algunos meses y que constituyó un clamoroso fracaso
precisamente por la ausencia de una indispensable estrategia por parte del régimen.
En el marco del plan de gobierno “Mano de Hierro”de Perú Acción, consideramos indispensable adoptar una primera medida para sacar de la calle a los delincuentes capturados en flagrancia: aumentar el plazo de detención de 48 horas a 30 días, con lo cual las comisarías dejarán de ser coladeras de criminales, dificultándose que la coima y la ineficiencia sean la señal distintiva de las acciones de la policía, la fiscalía y la judicatura.
Se requiere, por cierto, una acción decidida y vigorosa contra la corrupción existente en esas instituciones del Estado para lo cual planteamos la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, entidad de control externo integrada por profesionales intachables elegidos directamente por el pueblo cuya primera misión será botar a los corruptos ya que es absurdo pensar que en dichas entidades los propios corruptos vayan a aplicar las normas anticorrupción. Además, hay evidencia clara de la coima brava que caracteriza a organizaciones como el “Tren de Aragua”.
El estado de emergencia puede funcionar en los 11 distritos limeños en la medida en que la suspensión de los derechos constitucionales venga acompañada de una acción decidida, concertada y amparada por un eficiente trabajo de inteligencia que utilice un recurso indispensable: el aporte preventivo e informativo de las juntas vecinales.
Nada de esto se vislumbra salvo las declaraciones altisonantes de un gobierno a la deriva.
(*) Presidente de Perú Acción Presidente del Consejo por la Paz
