OPINIÓN/ Restricciones para los partidos y liberalidad total para oenegés

(El Montonero).- En este portal solemos repetir que –no obstante la revolución digital, la IV Revolución Industrial y el surgimiento de una sociedad de redes– hasta hoy no se ha inventado un sistema alternativo al sistema de partidos –valga la redundancia– como mecanismo para organizar las repúblicas y las sociedades abiertas. Igualmente, el desarrollo del capitalismo ha dejado en claro que, este sistema económico no solo es fuente de crecimiento y de expansión del bienestar de la sociedad, sino que también es un contrapeso central y decisivo al poder del Estado. Cuando la economía es controlada abrumadoramente por los privados, generalmente, la democracia es posible. La manera cómo avanza y actúa el capitalismo es a través de las empresas y los mercados.

La urgencia de legislar sobre las oenegés y desregular la vida partidaria

 

En el Perú, sorprendentemente, los partidos políticos y las empresas privadas tienen serias restricciones para participar en la vida política debido a una reforma electoral que impulsó el progresismo bajo los conceptos y estándares de todos los colectivismos. El financiamiento de los partidos políticos depende, fundamentalmente, de los recursos que se distribuyen a través del Estado –mediante los organismos electorales– y el aporte privado está restringido a las personas naturales. Las empresas han sido desterradas de la política porque son sospechosas de “llevarse la plusvalía de la sociedad y de los trabajadores”

Muy por el contrario, las oenegés –que no son partidos ni empresas y, por lo tanto, son impunes porque no son controladas por ningún sector de la sociedad– tienen la más absoluta liberalidad para agenciarse fuentes de financiamiento y promover políticas públicas que, en las últimas dos décadas, tienen mucho que ver con la involución del país: desde el informe de la Comisión de la Verdad que desató una guerra política sin cuartel entre los peruanos, pasando por las narrativas en contra de la minería que han desencadenado sobrerregulaciones inenarrables en el Estado para el sector privado, hasta las campañas y leyendas en contra el sector agroexportador.

A pesar del papel en la promoción de políticas públicas decisivas para la sociedad –por ejemplo, el curso del sistema de justicia en el Perú–, las oenegés no tienen ningún tipo de control ni fiscalización, a diferencia de los partidos políticos y las empresas. En el caso de los partidos los electores determinan el éxito o el fracaso de los mismos y, a veces, la propia desaparición de los proyectos políticos. En ese sentido, los partidos están extremadamente controlados por la sociedad. Igualmente, las empresas están fiscalizadas por los consumidores que, asimismo, explican el éxito y los fracasos de los productos y, en muchas ocasiones, determinan la extinción de las compañías.

En el Perú, entonces, la legislación sobrerregula a los partidos políticos y excluye a las empresas del financiamiento partidario; a diferencia de los Estados Unidos y el Reino Unido, sociedades donde el aporte del sector privado no tiene limitaciones, excepto la obligación de que sean bancarizados y declarados ante la autoridad tributaria.

Por todas estas consideraciones, es extremadamente urgente que el Congreso de la República proceda a tramitar el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Legislativo que amplía las funciones de la Agencia de Cooperación Internacional (APCI) en el control del financiamiento de las oenegés, obliga a presentar planes y objetivos y crea un registro de oenegés ante la autoridad tributaria, tal como sucede en todas las democracias consolidadas.

El Perú debería tener una legislación de partidos políticos inversamente proporcional al estado de cosas de la actualidad. Se debería desregular la legislación de los partidos, liberalizar el aporte privado a los partidos, siempre y cuando se bancaricen y se declaren ante la autoridad tributaria, y las empresas formales que pagan impuestos y crean riqueza deberían ser protagonistas de la agenda pública en vez de las economías ilegales –narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, entre otras– que empiezan a financiar a las fuerzas antisistema que pretenden derribar el Estado de derecho y el sistema de derechos de propiedad.