OPINIÓN/ Salas Arenas; padre político de Castillo

Escribe; Luis Gonzales Posada.

‘Hice poco bien y mucho mal. El mal que hice, lo hice bien. Y el bien que hice, lo hice mal’ (epitafio del cardenal Richelieu que puede aplicarse al personaje de este artículo)

El próximo 21 de noviembre culmina su borrascosa gestión el doctor Jorge Luis Salas Arenas, que será reemplazado en la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el juez supremo Roberto Burneo Bermejo.

Sin duda, es una buena noticia que las elecciones del 2026 estén a cargo de un magistrado de prestigio y comprobada independencia, en contraste con el actual, que escarneció el sistema democrático, abriendo el camino al poder a Pedro Castillo y Perú Libre; y, al hacerlo, el Estado fue penetrado no solo por la corrupción, sino por personajes extremistas, algunos del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

Asimismo, Salas Arenas impidió deliberadamente que el APRA registre su lista de candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino en los comicios del 20 de abril del 2021, porque el sistema fue cerrado abruptamente la medianoche del 20 de diciembre del 2020.

Dos años y medio más tarde, el 27 de abril del 2023, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 0297, declaró fundado el recurso de agravio presentado por el APRA “al haberse acreditado la vulneración de su derecho a la participación política”, exhortando al JNE a no volver a incurrir “en conductas cuestionadas”.

Sin embargo, era tarde para reparar esa ilegalidad que vulneró varios artículos de la Carta Fundamental que garantizan el derecho de los ciudadanos a participar en la vida política de la nación, a elegir y ser elegidos, así como violentó principios consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José.

Lo mismo ocurrió con el PPC, excluido por presentar su lista parlamentaria minutos después de las ocho de la noche. Frente a esa arbitrariedad, interpusieron un recurso de amparo al Poder Judicial, que les dio la razón, pero el proceso electoral había concluido y el nuevo Congreso se encontraba en funciones.

Fueron, sin duda, actos de barbarie, deplorables maniobras tracaleras que podrían calificar en la categoría de golpes antidemocráticos contra dos partidos políticos.

Contrario sensu, Salas Arenas sí inscribió la plancha de Perú Libre, a pesar que no acreditaron dos candidatos a la vicepresidencia, por la exclusión de Vladimir Cerrón, vulnerando de esa forma el artículo 111 de la Carta Fundamental. Más aún, la señora Boluarte tampoco debió postular porque el artículo 107, inciso c) de la Constitución, establece esa prohibición a los miembros del sistema electoral y ella se desempeñaba como jefe de una oficina de Reniec.

A mayor abundamiento, Zamir Villaverde y Salatiel Marrufo, personajes vinculados al profesor chotano, declararon al Ministerio Público que hicieron gestiones exitosas ante Salas Arenas para desechar las actas impugnadas por Fuerza Popular y así favorecer a Pedro Castillo.

A su turno, el ex asesor de la Fiscal de la Nación, abogado Jaime Villanueva, sostuvo que el magistrado Rafael Vela Barba interfirió en el JNE para impedir la victoria de Keiko Fujimori, agregando que la prueba del delito se encuentra en el celular de la asistente del juez supremo Pablo Sánchez, que sospechosamente se encuentra sin deslacrar hace más de dos años.

Salas Arenas también tiene otros cuestionamientos. Uno de ellos es la acusación fiscal de participar en la trama corrupta del caso “cuellos blancos”, al comunicarse con Walter Ríos, ex presidente de la Corte Superior del Callao, encarcelado por cobrar por el nombramiento de jueces supernumerarios y de terceros recomendados, uno de éstos a pedido de Salas Arenas.

Pero, como en nuestro país la sanción no alcanza a la casta de protegidos, Salas Arenas regresará a la Corte Suprema y gozará de todos los privilegios del cargo, incluyendo contar con guardaespaldas por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, foro donde denunció que lo querían asesinar.

Salas Arenas, Pablo Sánchez, Vela Barba, José Domingo Pérez, entre otros, ampliamente cuestionados, han escrito una página negra en la historia de la magistratura,  afectando gravemente el estado constitucional de derecho, soporte de la democracia.