La Sala Constitucional de la Corte Suprema declaró ayer miércoles como nula una resolución emitida por la Corte Superior de Justicia de Lima que dictó la medida cautelar a favor de la magistrada Inés Tello para volver a su cargo en la Junta Nacional de Justicia. Como se recuerda, la letrada fue inhabilitada por el Congreso.
Según abogado de la magistrada, esta disposición no afecta en nada a su clienta y señaló que ella seguirá en la Junta Nacional de Justicia hasta que termine su mandato.
Omar Cairo, abogado de Inés Tello, restó importancia a este anuncio y señaló que su clienta seguirá como integrante de la JNJ porque anular la medida cautelar no significa que deje el cargo. En ese sentido, explicó que ella volvió a su puesto porque la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima declaró fundada su demanda de amparo.
«Durante el trámite del amparo se pide la medida cautelar y por lo tanto ella regresa (a la JNJ) en virtud a ello. Recuerde que el Congreso le pidió al TC que suspenda la cautelar y debido a eso Inés Tello volvió a ser retirada. Después de ese retiro es que sale una sentencia de amparo y es por esa sentencia que ella regresa nuevamente y hoy está en su cargo, no por la cautelar«, declaró para RPP.
Cairo señaló que la sentencia del amparo ha sido apelada por el Congreso y la Corte Suprema la analizará el próximo año, pero que aún así, su patrocinada seguirá en la JNJ hasta el final de su mandato.
«Esa sentencia está apelada, la Corte Suprema, en algún momento del otro año la revisará, pero hoy está vigente. Por lo menos mañana no puede emitir una sentencia de revisión porque tendría que citar con antelación a los abogados de las partes (denunciada y denunciante) ante la Sala Suprema», precisó.
El abogado de Tello explicó también que la medida cautelar es solo instrumental para garantizar el cumplimiento de la sentencia y una vez que se emita esta ya no tiene sentido.
Cabe recordar que el pleno del Congreso de la República aprobó el pasado 7 de marzo un informe final de la Comisión Permanente sobre la denuncia constitucional que proponía la inhabilitación en la función pública por diez años a todos los miembros de la cuestionada JNJ.