OPINIÓN/ La anarquía, la posibilidad del Estado fallido y las elecciones 2026

(El Montonero).- Cualquier observador internacional analice la sociedad peruana concluiría que las tendencias a la anarquía comienzan a imponerse en medio de una implosión general del Estado. No es para menos. En dos periodos presidenciales se sucedieron seis jefes de Estado, hubo un golpe de Estado que cerró inconstitucionalmente el Congreso y la aprobación actual del Ejecutivo y del Legislativo simplemente derrumba cualquier principio de autoridad.

Los comicios nacionales decidirán si la sociedad implosiona o no

De alguna manera, luego del fallido golpe de Pedro Castillo se ha producido un vacío de poder que no pudo ser llenado por nadie, ya sea por las limitaciones del Ejecutivo, la falta de partidos políticos o por la corrupción de las instituciones en general.

Y si a estos hechos le sumamos las reformas progresistas electorales y la brutal judicialización de la política que, simplemente, destruyeron el sistema de partidos políticos –una triste realidad que se expresa en la posibilidad de más de 30 candidatos en las elecciones del 2026– no es exagerado sostener que la anarquía disgregadora se ha impuesto en el país.

Sin embargo, esa aproximación puede incluso ser conservadora si sumamos al análisis la influencia de las economías ilegales que, ya sea a través de la minería ilegal o el narcotráfico, han comenzado a financiar movimientos regionales, municipales e, incluso, pueden llegar a tener influencias en algunos partidos políticos e instituciones centrales del Estado. ¿Cómo explicar que el Ejecutivo, los ministerios, los gobiernos regionales, las fuerzas armadas, la policía nacional del Perú (PNP) se muestren impotentes ante la minería ilegal en Pataz y, en diversas partes del país, hayan surgido zonas controladas por el crimen organizado? Es evidente que no solo estamos ante incapacidad e ineficiencia institucional, sino también frente a los efectos corrosivos de las economías ilegales mediante la corrupción.

El vacío de poder y la falta de principio de autoridad del Estado de derecho, pues, son la causa principal de que las tendencias a la anarquía se consoliden en el Perú. A esta tendencia habría que agregar que la sobrerregulación del Estado y la multiplicación de ministerios, sumado al alarmante fracaso de la regionalización en el Perú, han construido también un Estado que bloquea inversiones, genera pobreza e incrementa la informalidad de la sociedad.

¿Qué pretendemos señalar? Que de una u otra manera el Estado peruano avanza a convertirse en un Estado fallido, sin autoridad, sin un sistema mínimo de partidos políticos y sin una institucionalidad que le permita enfrentar las tendencias a la anarquía y la influencia de las economías ilegales en el sistema político.

En ese sentido las próximas elecciones del 2026 definirán si avanzamos hacia un Estado fallido o enfrentamos la tendencia a la anarquía, recuperamos el principio de autoridad y salvamos el Estado de derecho. De allí que las candidaturas de la centro derecha deberían iniciar un amplio diálogo para analizar eventuales procesos de convergencia y unificaciones para evitar el penoso espectáculo que se extiende y se consolida: nadie tiene la menor idea de por quién votar. Hay, pues, una enorme responsabilidad en los candidatos y movimientos de centro derecha.

Después de la devastación que han causado en el Estado peruano las narrativas del progresismo –sobre todo en la burocratización del Estado para enfrentar la supuesta “voracidad empresarial”– y después del frenazo en que nos dejó Castillo, lo natural en el Perú debería ser que dos candidatos de centro derecha disputen la segunda vuelta. Si se presentara ese escenario el primer efecto político sería que se restablezca parte del principio de autoridad que ha perdido el Estado y las instituciones. De allí, pues, la enorme importancia que las derechas asuman su responsabilidad ante el momento.

Por otro lado el Ejecutivo debería movilizar todas las fuerzas del Estado para recuperar el Estado de derecho en la provincia de Pataz y todos los bolsones de la sociedad bajo control del crimen organizado y las economías ilegales. Una situación que ha creado verdaderas zonas liberadas de la autoridad de la Constitución y la ley.

A trabajar con fuerza, pues, para alejar el fantasma del Estado fallido.