OPINIÓN/ Crimen Transnacional Organizado: enfrentamos un nuevo fenómeno que sobrepasa la capacidad del Estado peruano

Escribe: Juan Carlos Liendo O’Connor

Ex Director Nacional de Inteligencia (DINI)

la respuesta del Estado, y sus consecuencias, constituye un problema de Seguridad Nacional, para lo cual es urgente, y subrayo la estrategia completa, es urgente convocar al Consejo de Seguridad Nacional

La circunstancia del incesante, continuo y sostenido incremento de la violencia criminal con asesinatos, extorsiones, secuestros, sicariato y toda la gama de crímenes, que exige la participación de la policía en el Perú constituye un fenómeno, que tiene severos impactos en la dimensión política, económica, social y sobre la seguridad del país. Así como en un momento, en los inicios de los  80, cuando aparece Sendero Luminoso, el Gobierno trataba de minimizar la acciones terroristas señalándolas como producto de un problema de “abigeos”, el Estado Peruano se demoró casi dos años para autorizar la intervención de la Fuerza Armada, para luchar contra Sendero. El 23 de diciembre de 1982 ingresa el Ejército en Ayacucho en aplicación de sus planes para la Defensa Interior del Territorio (DIT) y recuperar el principio de autoridad del Estado.

El 25 de diciembre de ese año, dos días después del ingreso del Ejército, no había ningún policía en las zonas de emergencia, porque Sendero Luminoso había logrado neutralizarlos, había resquebrajado su capacidad de acción, porque era una policía que no estaba preparada.

Nadie estaba preparado en ese momento, así como hoy tampoco nadie lo está, nadie estaba preparado para enfrentar a Sendero Luminoso; una organización político-militar, que en menos de dos años desarticuló la capacidad de la policía, con un accionar rápido y violento, con un componente ideológico muy potente.

¿Qué sucede ahora? Ahora estamos enfrentando un nuevo fenómeno, que es el Crimen Transnacional Organizado, un fenómeno que tiene dirección y jefaturas de bandas transfronterizas con jerarquías moleculares que mutan y se adaptan según las circunstancias locales; que tienen por finalidad asegurar, mantener e incrementar las economías ilegales de la industria del narcotráfico y de la minería ilegal del oro, para lo cual necesitan influir, controlar y/o cooptar la estructura política de los países de la región.

Vale decir, apuntan a dominar el mercado de lavado de activos desafiando las estructuras económicas formales, desconectar el tejido social del poder legal y legítimo, y corromper, infiltrar y debilitar a las fuerzas de seguridad del Estado. Es un movimiento de crimen transfronterizo, con características transversales desde Canadá hasta la Tierra del Fuego.

Y aquí, en el Perú, se está enfocando el problema desde la gestión política, tanto como en los años 80 cuando inició Sendero, como si fuera un problema criminal de hace 40 o 50 años cuando no es un fenómeno de crimen tradicional local. Peor aún, se considera como un problema de Seguridad Ciudadana, lo cual es totalmente ilógico.

Entonces, no existe forma que desde una concepción política del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre fenómeno que estamos viviendo, se pueda tener una respuesta efectiva en contra del Crimen Organizado.

¿Qué hacemos?; Primero, hay que reconocer que el fenómeno ha sobrepasado las capacidades del Estado peruano, y que no hay fuerza diseñada, porque tampoco este es un tema de las Fuerzas Armadas, para enfrentarlo en la naturaleza, dimensión y alcance con el que se presenta actualmente. El Gobierno tiene que reconocer que es un fenómeno continental, no solamente con el Perú, y que tiene las variables de las dimensiones que se ha explicado.

A partir del reconocimiento de ese fenómeno, entonces hay que entender que estamos en el nivel de la Seguridad Nacional; no del orden interno, no del orden público, ni menos aún de la seguridad ciudadana.

Estando en ese nivel, ¿qué se aplicaría? A mi entender, y lo discutimos en ciertos grupos de trabajo, la circunstancia que vive el Perú con la presencia del crimen transnacional organizado, sus efectos, la respuesta del Estado, y sus consecuencias, constituye un problema de Seguridad Nacional, para lo cual es urgente, y subrayo la estrategia completa, es urgente convocar al Consejo de Seguridad Nacional, incluir al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Presidente del Congreso, para salvaguardar las consecuencias de persecuciones judiciales que se siguen activando hoy en contra de oficiales de ejército luego de más de 40 años de ocurridos lo hechos.

Indispensable entonces integrar al Consejo de Seguridad Nacional al Ministerio Público, al Poder Judicial, y al Congreso de la República a través de su representación jerárquica.

¿Por qué el Consejo de Seguridad Nacional? Porque es la instancia política, jurídica e institucional de acción del Estado que existe para solucionar asuntos de Seguridad Nacional.

Aquí se define la naturaleza del problema desde el nivel político, y lo conduce la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para asignar objetivos políticos, aprobar una estrategia, aprobar una Directiva de Defensa Nacional (algo que hizo Fujimori en su momento), desarrollar y aprobar un plan estratégico de acción para el plazo inmediato, en este caso a cargo de la Fuerza Armada, porque ellos ven Seguridad Nacional. Asignar recursos, designar una autoridad responsable, con tiempos, objetivos concretos y en espacios geográficos específicos.

Y, en los paneles de estudio que se discute este tema, se viene estableciendo que se requieren cinco acciones estratégicas de Estado de carácter inmediato, con la finalidad de recuperar en un primer momento el principio de autoridad del Estado y la tranquilidad pública. En un primer momento, por que hay dos momentos adicionales.

Esas cinco estrategias indispensables e inevitables, y de acuerdo a la ley y a la Constitución, y con regímenes de excepción con carácter de urgencia inmediata son las siguientes:

detenciones masivas,
 con penas agravadas,
 jueces sin rostro,
  juicios sumarios y
 cárceles temporales, tipo prisioneros de guerra. (Se implementan muy rápido con la ingeniería militar).

Con la finalidad de a la ciudadanía darle un espacio de tranquilidad pública mínima para que progresivamente recupere sus actividades normales, y al Gobierno darle un espacio político y físico de tiempo para hacer reformas estructurales en la Policía Nacional, para que se pueda terminar con ese modelo de policía única que no existe en el mundo, y pueda enfrentar este problema con una Policía de Seguridad Ciudadana (policía ciudadana que no existe), Policía de Orden Público, de Orden Interno y Policía Científica (que no existe), y al mismo tiempo hacer las reformas estructurales en el Ministerio Público.

Esto último, de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Con la Fiscalía de la Nación y el Presidente del Poder Judicial y el Presidente del Congreso como aval político – judicial.

Estas medidas se deben aplicar en un periodo de seis a nueve meses, como mínimo, y a partir de ahí entrar en un segundo tiempo con el Imperio del Estado Normal de Derecho en forma progresiva y sostenida.

El paso incial lo constituye la convocatoria al Consejo de Seguridad ampliado con el poder judicial y el poder legislativo, algo que los políticos actuales y de hace mucho tiempo actual, no presentan voluntad de hacerlo para evitar las responsabilidades políticas y jurídicas que trae consigo la actas y directivas que se firman en el Consejo de Seguridad Nacional.