DE PROCURADOR A MENSAJERO
- Una historia que recién empieza a conocerse
Por: César Humeberto Cabrera. Economista, director de CIMADE y autor del libro CONGA: Cuando Humala y Heredia paralizaron el desarrollo del cinturón del cobre del norte del Perú.
La decisión del Procurador Ramírez, alentado por el Fiscal Vela Barba y sus colaboradores, de convertirse en el mensajero, por no decir en el operador de Odebrecht en relación al tema del gasoducto, precipitó la caída de 4 ministros y el cese del mismo procurador.
Dos de los ministros por involucrarse directamente en las gestiones de Ramírez, ya denunciado por el procurador Amado Enco por no resguardar como corresponde los intereses del Estado. Dos para disimular, obviamente sin éxito, la salida forzada de los dos ministros que fueron de la mano del procurador y, en el caso de Liu Yonsen, que mostraron mucho más que buena disposición hacia la propuesta de Odebrecht.
Después de que Odebrecht había logrado que Vela Barba ratifique el archivamiento de la investigación sobre el gasoducto, aprobada por la Fiscal Mori en septiembre de 2019, los directivos de la empresa consideraron que había llegado el momento de llevar al Gobierno peruano a negociar la recuperación de su inversión (1200 millones de dólares) en los tubos del gasoducto y los supuestos daños y perjuicios que este le habría causado al suspender su construcción en enero de 2017.
Recordemos que el Portal Convoca, desde el Ecuador, había difundido en junio de 2019 el monto de las coimas pagadas por Odebrecht en 2014 en relación al gasoducto sur peruano, luego de analizar la plataforma Drousys, a disposición de la Fiscalía peruana bastante tiempo antes de esta publicación.
De confirmarse estos pagos indebidos, era imposible que Odebrecht pudiera hacer cualquier reclamo ante el CIADI, dada la existencia de la cláusula anticorrupción introducida en el contrato.
De acuerdo con esta cláusula, desde el momento en que la empresa admitía o las autoridades judiciales probaban que esta había realizado pagos a los funcionarios del gobierno para obtener el contrato, la empresa corruptora perdía todos sus derechos sobre el proyecto, incluyendo la posibilidad de presentar cualquier reclamo ante el CIADI.
Por ello es que esta empresa no ha admitido hasta hoy haber pagado soborno alguno a las autoridades, sino solo haber realizado pagos a terceros, lo que no habría afectado su derecho a demandar al Perú, lo que hizo el pasado mes de enero, ante la sorpresa del gobierno peruano y sus fiscales favoritos.
En su momento, Odebrecht resolvió el problema que le planteó la denuncia de Convoca aceptando que los 3,7 millones de dólares en pagos provenientes de la Caja 2 (utilizada para las coimas) correspondían a transferencias a particulares, no a funcionarios del gobierno, dejando así intactas sus posibilidades de denunciar al Estado peruano.
Lo grave es que esta maniobra fue aceptada por los fiscales del equipo especial a través de un acta que se mantiene en secreto –pero que se denominó pomposamente Declaración de Culpabilidad- y sobre todo con el archivamiento de toda investigación a esta empresa por el gasoducto, lo que es un certificado de buena conducta.
Hay que tener en cuenta que en enero de 2020 se vencía el plazo que tenía esta empresa para denunciar al Estado Peruano en el CIADI por 1200 millones de dólares, esto es la alícuota que le correspondía por la compra de los tubos, a los que hay que agregar los daños y perjuicios causados por la suspensión del contrato del gasoducto.
En verdad, en enero de 2017, el Estado peruano tomó la decisión de paralizar el proyecto porque la empresa no había logrado hacer el denominado cierre financiero; esto es, no había logrado conseguir los recursos que requería para financiar la construcción de esta obra.
En su demanda ante el CIADI la empresa culpa al Estado por no haberle otorgado un “certificado de buena conducta” que le facilitara la obtención de los recursos financieros requeridos, lo que no le correspondía, pero también señala directamente, aunque sin mayores precisiones, la supuesta interferencia de los intereses personales del Presidente Kuczynski en la finalización del contrato.
Facilitadores de Odebrecht
Aparentemente, Ramírez y Vela Barba consideraban que debían convertirse en facilitadores de las gestiones de Odebrecht ante el Gobierno peruano, suponemos que con el fin de evitar que esta empresa haga efectiva su demanda ante el CIADI.
Todo indica que ambos consideraban que la sola presentación de esta demanda podía cuestionar la negociación que habían hecho en relación con el acuerdo de colaboración eficaz, muy discutido por las personalidades más diversas.
Recordemos que en su momento el país demandaba que en este acuerdo se incluya una cláusula por la cual Odebrecht se comprometiera a no demandar al Estado peruano, como era previsible que lo hiciera en el caso gasoducto.
No obstante, Vela Barba y sus colaboradores en la Fiscalía, así como Ramírez, cuya misión era resguardar los intereses del Estado, consideraron que era innecesaria la inclusión de esta cláusula, aunque sea por precaución.
Ahora bien, la no inclusión de esta cláusula en el acuerdo sugiere que este debe haber sido un pedido explícito de Odebrecht para quedar en libertad de demandar al Perú ante el CIADI por varios miles de millones de dólares en enero del 2020, lo que parecía evidente para cualquier observador.
Entonces, ¿por qué aceptaron los fiscales y el procurador esta nueva concesión a la empresa después del acuerdo de colaboración eficaz? No lo sabemos, pero en algún momento la negociación de este acuerdo será investigada y, probablemente, también la actuación de los fiscales y los procuradores que han estado a cargo.
Suponemos que algún colaborador eficaz contará más adelante todo lo ocurrido en torno a este original acuerdo, completamente diferente al de Brasil y otros acuerdos de colaboración eficaz.
En el Brasil, Marcelo Odebrecht y sus colaboradores fueron primero a la cárcel, sus bienes confiscados por las autoridades judiciales y las penas establecidas antes de iniciar siquiera las conversaciones para establecer el acuerdo de colaboración eficaz.
Este es el camino lógico hacia la colaboración eficaz, no la sorprendente ruta seguida en el Perú: Primero le doy todas las ventajas al delincuente y luego este me entrega la información que desea en el momento que crea más conveniente.
Por supuesto, en este proceso le hago creer a todo el país, con la ayuda de la gran prensa, que ese es el mejor camino para combatir la corrupción; mientras que de la mano del delincuente voy soltando la información de acuerdo con mis intereses políticos, económicos o de cualquier otro tipo, pero no los de la nación.
Una nueva función fiscal: la exoneración del pago de impuestos
En el Perú nadie esta exonerado de impuestos. Ni las empresas quebradas, cuyos bienes son usados prioritariamente para este propósito.
Así, de lo que queda, primero cobra el Estado, después todos los demás. Incluso los trabajadores vienen después del Estado en la prelación de acreedores. Esto ocurre aquí y en la mayoría de los países del mundo, por no decir en todos. El Estado está por encima de todos y, incluyendo el cobro de tributos.
En nuestra historia reciente, Odebrecht logró cambiar estas normas y costumbres consuetudinarias. Logró que la Fiscal de la Nación del Perú asuma la responsabilidad de exonerarla del pago de tributos que adeudaba a SUNAT. No sabemos cómo lo hizo.
Quizás porque es casi una fiscal de transición, puesta allí sólo para sacar a Chávarry por quienes manejan hoy, desde fuera y desde instancias inferiores, aunque parezca sorprendente, esta institución clave en el sistema de justicia. Probablemente porque le llevaron a firmar una resolución para cubrir a fiscales provinciales que querían exonerar del pago de tributos pendientes a esta empresa brasilera. Dizque para que se someta a la colaboración eficaz, aunque este no sea un beneficio usual para que la fiscalía conceda a este tipo de delincuente.
El hecho es que la Fiscalía exoneró de la deuda tributaria de 1,032 millones de soles a la misma empresa a la que el procurador adscrito al llamado Equipo Especial le impuso una reparación civil de 630 millones de soles pagaderos en cómodas cuotas anuales. Lo hizo entre gallos y medianoche, con sigilo extremo, sin que los tambores publicitarios que trabajan de la mano del equipo de fiscales suenen con la misma intensidad que cuando quiere difundir una noticia de su interés, aunque objetivamente no tenga la misma significación que esta.
Definitivamente, la Fiscalía está innovando en materia tributaria, puesto que imponer y eliminar tributos ha sido siempre una facultad del parlamento, en representación del pueblo soberano, ni siquiera del Ejecutivo.
Definitivamente, esta fiscal “cerró” el parlamento, para este efecto, antes de la hora; o quizás fue advertida por quienes colaboran con ello o tal vez la dirigen, que venía pronto el cierre del Congreso y ella podría tomarse esa libertad y servir a los fiscales provinciales tan cercanos a Odebrecht.
La venta de Chaglla
Por ahora, recordemos solamente que 4 días después de haber autorizado la venta de Chaglla, el principal activo de Odebrecht en el Perú, esta empresa recién firmó, a fines de 2018, el acuerdo de colaboración eficaz con los fiscales y, por tanto, con el Estado peruano. ¿Fue este un beneficio adicional a los que suelen concederse a los colaboradores eficaces para que estén dispuestos a denunciar a terceros que son más importantes que ellos o, por lo menos, más importantes para los fiscales?
De hecho, este parece haber sido el caso. En verdad, el cúmulo de concesiones sucesivas hechas a Odebrecht para la firma del acuerdo y después, indica que había información en la que los fiscales estaban tan interesados que estaban dispuestos a otorgarle todos los beneficios solicitados por la empresa corrupta; o, alternativamente, que algunos de ellos o terceros (por ejemplo quienes coordinan la difusión de la información que se requiere para manejar la opinión pública) reciban algún tipo de contraprestación adicional a la información que solicitaban, que en algún momento se conocerá.
Tanto es así que los hechos sugieren que no es el Estado peruano, esto es los Fiscales o el procurador ad hoc, el que estaba al mando, sino que era Odebrecht y sus directivos quien les dirigía o tenía la última palabra en cada circunstancia, como parece haber ocurrido también en el caso del gasoducto.
Consultor de Odebrecht para el gasoducto
Como es público, el Procurador Ramírez le solicitó a la Ministra de Justicia que le hiciera un contacto con el Ministro de Energía y Minas con el fin de ponerlo en relación con el personal de Odebrecht para que le comunicaran lo que requerían (esto es sus condiciones) para no presentar su demanda ante el CIADI.
En efecto, en la segunda reunión que Ramírez tuvo con el Ministro Liu Yonsen, este acudió con representantes de Odebrecht llegados directamente de Brasil para entregarle un documento de acuerdo entre la empresa y el gobierno, que pareció interesarle al exministro.
Hoy se sabe también que Liu Yonsen había sido consultor de Odebrecht y, lo que es no menos relevante, que había sido el consultor del Ministerio de Energía y Minas que elaboró el documento para justificar ante Pro Inversión la necesidad de garantizarle a Odebrecht un monto anual de ingresos para recuperar la inversión y obtener la ganancia esperada por el gasoducto.
El mismo Liu explicó que su documento sirvió esencialmente para justificar que con el monto establecido por el Estado peruano se podían cubrir los 900 millones de dólares anuales que Odebrecht requería como garantía en caso de que no alcanzaran los ingresos que les garantizaba el contrato.
Algo más, este monto debía ser pagado a través de los recibos de luz por todos los usuarios del servicio eléctrico del país, una expoliación inaceptable de la población para asegurar las ganancias de una empresa que las autoridades buscaban favorecer.
Ahora bien, con el documento entregado por Odebrecht, Ramírez y el Ministro Liu le solicitaron a la Ministra de Economía y Finanzas que apoyara la demanda de la empresa, lo que fue inmediatamente rechazado por esta, ajena a los intereses, ciertamente diferentes pero convergentes, de uno y otro. En la práctica, la demanda de la empresa pedía garantías para que el Estado peruano construyese el gasoducto por donde pasaban los tubos instalados por Odebrecht, que no necesariamente iba a ser la propuesta de solución al tema del gasoducto que haría, en el mes de marzo de 2020, el consorcio inglés contratado por el gobierno. En otras palabras, Odebrecht quería imponerle al Estado peruano que continúe el proyecto del gasoducto para ellos poder cobrar a la empresa que retomara su construcción el valor de los tubos que ya habían instalado, además de daños y perjuicios. En síntesis, Odebrecht solicitaba que el Estado peruano le asegurara la recuperación de su inversión o, para decirlo en otros términos, el monto equivalente a una gestión exitosa ente el CIADI, sin necesidad de ir a este organismo.
¿Oxígeno o extremaunción?
La Ministra de Economía le informó al Primer Ministro y al Presidente de la República de las gestiones de Ramírez y Liu, obligándolos en los hechos a disponer el cese inmediato de Ramírez y a solicitar la renuncia de los Ministros de Energía y Minas y de Justicia. Pero para que esta operación no pareciera vinculada a esta gestión ni a los Fiscales del equipo Lava Jato, el Presidente creyó que era necesario pedir la renuncia de dos Ministros que no tuvieran que ver en el tema: el de Transportes y la de Educación. Eso les permitía, creyeron ellos, supongo que con gran candor, decir que estas 4 renuncias no respondían a otra cosa que a una oxigenación política del gabinete antes de la instalación del nuevo Congreso. Evidentemente, nadie creyó las explicaciones del Presidente y el Primer Ministro y, más bien, señalaron que la crisis se originaba en las gestiones de Ramírez y Liu Yonsen a favor de Odebrecht, sin que nadie solicitara su denuncia y procesamiento; ni siquiera el Presidente, consagrado a la lucha anticorrupción, como declara todos los días.
Por supuesto, el Presidente creyó que estaba en la obligación de decir inmediatamente que ratificaba su confianza a los Fiscales Vela y otros (por eso entendemos que son sus favoritos), a pesar de que ellos habían expresado antes su confianza y su respaldo público e incondicional al Procurador Ramírez, su socio en esta aventura. Y es que este procurador había actuado como operador de Vela Barba y los demás responsables del acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público. En resumen, Ramírez había aceptado, de la mano del equipo de Vela, que la reparación civil se redujera a 610 millones de soles pagaderos en 15 años, lo que en valor presente neto significa 80 millones de soles, esto es una cifra casi 50 veces inferior al valor que Odebrecht quiere recuperar de su inversión en los tubos. ¿Por qué semejante regalo a la empresa que ha corrompido a las principales autoridades del país, por lo menos desde hace 20 años? No lo sabemos. Pero esta respuesta tendrá que salir de las investigaciones que más adelante se realicen en torno a este caso y que incluyan al Presidente Vizcarra, que ha respaldado en todo momento a los Fiscales y ha aceptado esa reparación civil a través del Procurador del Estado. Probablemente tendrán que incluir también a la jueza que ha aprobado (validado) el acuerdo de colaboración eficaz y es testigo del otorgamiento de nuevas concesiones a Odebrecht, cerrado ya el acuerdo.
Llegados a este punto queda claro que no solo había que cesar al Procurador Ramírez, sino que el Presidente de la Republica debía haberse abstenido de apoyar al Fiscal Vela y sus colaboradores, que lanzaron al referido procurador en esta gestión informal, por decir lo menos. Recientemente el abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que era indispensable la renuncia del Presidente del consejo de ministros pero sobre todo de los fiscales que integran el Equipo Especial Lava Jato, que fueron los impulsores de las reuniones de los representantes de Odebrecht con el Poder Ejecutivo. Lamas Puccio, como otros, se preguntan: ¿Cuál es el afán de obtener más ventajas para Odebrecht por parte de los integrantes del Equipo Especial Lava Jato? ¿Es simplemente que querían impedir que Odebrecht presente su demanda ante el CIADI o es algo más? En todo caso, lo que es indudable es que la acción desplegada por los fiscales –a través del procurador- buscaba que Odebrecht fuera compensada sin necesidad de recurrir al CIADI, como si ya tuviera la victoria asegurada en esa instancia arbitral.
Vale la pena señalar que la demanda presentada por Odebrecht en el CIADI tiene algunas curiosidades que es importante destacar. En carta dirigida al CIADI, Odebrecht le explica que el término de la concesión del gasoducto fue realizado teniendo en cuenta los “intereses personales” del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Este, afirma Odebrecht, habría tenido interés en expulsar a la empresa del país y evitar, suponemos, que un eventual acuerdo de colaboración eficaz pudiera involucrarlo directamente a través de la revelación de alguna información comprometedora. En otras palabras, Odebrecht sostiene en su demanda ante el CIADI que el fin de la concesión no tuvo lugar esencialmente por el incumplimiento de la cláusula del cierre financiero, sino porque PPK quería bloquear la presencia de esta en el país, lo que no parece tener asidero. De hecho, esta empresa reveló directamente a la Comisión Lava Jato del Congreso, antes de haber firmado un acuerdo de colaboración eficaz, los contratos que PPK y sus empresas habían tenido con Odebrecht en el pasado, lo que sugiere más bien una administración interesada de la información. En verdad, esta revelación de Odebrecht es un mensaje a toda persona que tenga o no relación con ella, que esta empresa corrupta puede derribar incluso un presidente si este no cumple sus deseos o los de sus operadores locales. Es más, no podemos dejar de recordar que esta revelación de Odebrecht llevó automáticamente a Martín Vizcarra a la presidencia de la república en marzo de 2018.
Cláusula de protección de Humala y Heredia
Se suele pensar que la cláusula anticorrupción protege al Estado peruano. Puede ser el caso. Pero en esta ocasión, la cláusula anticorrupción ha favorecido única y exclusivamente a Humala y Heredia. A esta última, considerando que múltiples declaraciones de colaboradores la sindican como la gestora y promotora de este contrato. En verdad, si Odebrecht denuncia a Humala o Heredia, lo que no ha hecho hasta hoy, inmediatamente pierde la posibilidad de recuperar la inversión realizada en el gasoducto y la expectativa que tienen en relación con la indemnización que les correspondería de ganar el arbitraje. Por ello, Odebrecht no puede denunciar a Humala, Heredia u otros funcionarios del Estado peruano bajo ninguna circunstancia: pierde dinero si lo hace o, por lo menos, pierde la expectativa de ganarlo. Sin embargo, ante la información difundida por el Portal Convoca, Odebrecht no ha podido negar que ha habido pagos bajo la mesa, lo que ha admitido abiertamente. No obstante, solo ha aceptado y solo puede aceptar que estos pagos han sido efectuados a privados, no a los funcionarios del Estado peruano. Esperamos ver qué dice la “Declaración de Culpabilidad” firmada por Odebrecht, para lo cual es esencial que el fiscal Vela Barba, que tanto habla de ella, o la misma empresa la hagan pública. Allí veremos si esta Declaración reemplaza a la cláusula que Vela Barba y Ramírez no incluyeron en el acuerdo de colaboración eficaz para proteger los intereses del Estado peruano ante una eventual demanda como la que Odebrecht ha presentado ante el CIADI.