ADRIANZÉN: EXISTE UNA PERSECUCIÓN SISTEMÁTICA EN MATERIA FISCAL CONTRA LA PRESIDENTA

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, consideró que existe una clara persecución en materia fiscal contra la presidenta Dina Boluarte, lo cual afecta al trabajo diario que realiza la mandataria en beneficio del país.

Los miembros del Ejecutivo se sienten ofendidos y afectados “por toda esta maraña de acusaciones fiscales”

Así lo afirmó anoche  a Canal N, al referirse a la denuncia constitucional contra la presidenta Boluate, que presentó hoy la Fiscalía de la Nación al Congreso de la República.

“Insisto en lo que vengo diciendo semanas atrás, esta no es más que una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le hace a la presidenta de manera indebida, inconstitucional e ilegal”, manifestó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Agregó que los miembros del Ejecutivo se sienten ofendidos y afectados “por toda esta maraña de acusaciones fiscales” que no hacen sino menoscabar las funciones constitucionales de la presidenta Boluarte.

En tal sentido, dijo que esta es la razón que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se solicitó al Tribunal Constitucional se pronuncie de manera definitiva y determine cuáles son las causales en que las investigaciones se deben producir.

“Tiene como propósito que el Tribunal Constitucional determine cuáles son los únicos casos en que la presidenta de la República puse ser objeto de una investigación”, manifestó el jefe del Gabinete Ministerial.

Al respecto, Adrianzén manifestó que la demanda competencial todavía no ha sido interpuesta, pero esta le corresponde al procurador Especializado en Materia Constitucional.

Consultado sobre el procedimiento de la denuncia presentada en el Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros consideró que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo pueda declarar improcedente.

Precisamente, la Fiscalía de la Nación presentó hoy ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra la presidenta de la república, Dina Boluarte, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado, en el caso conocido como Rolex.