APRUEBAN LEY PARA PAGO DE BONIFICACIÓN AL MAESTRO SIN EXIGIR SENTENCIA JUDICIAL

El pleno del Congreso aprobó ayer un proyecto de ley que dispone el pago a los maestros de una bonificación especial por preparación de clases equivalente al 30% de su remuneración con una resolución administrativa y sin la exigencia de una sentencia consentida del Poder Judicial.

Se trata de la bonificación por preparación de clases, equivalente al 30%

El proyecto de Ley fue aprobado en primera votación con 63 votos a favor,  nueve en contra y contra 23 abstenciones. Será sometido a una segunda votación en siete días.

José María Balcazar, presidente de la Comisión de Educación, explicó que esta norma reconoce un derecho para los maestros, fundado en sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, e incluso se cumple en muchas regiones.

Precisó que la bonificación será el equivalente al 30% de la remuneración total del maestro y será extensivo para docentes en actividad, cesantes y contratados.

Con ese fin, según indicó, la norma dispone que el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tendrán que expedir una resolución administrativa para el pago de la bonificación especial por preparación de clase y evaluación y por desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión equivalentes al 5% de la remuneración.

Dijo que si bien el Congreso aprobó una norma reconociendo ese derecho, en muchas regiones se incumple con el pago de este beneficio y se condiciona a que los docentes deban acudir al Poder Judicial en busca de una sentencia.

Por ello, refirió que esta nueva norma dispone que las autoridades administrativas de Educación, en cualquiera de sus niveles, que incumplan con el pago de este derecho, serán pasibles de ser denunciados civil, administrativa y penalmente.

“Es la única forma de hacer que las autoridades entiendan que es derecho”, afirmó el legislador.

Durante el debate, la congresista Patricia Juárez (FP), se mostró contraria al proyecto de ley señalando que ya había sido aprobado anteriormente por el Congreso y motivó un llamado de atención del Tribunal Fiscal, dado que tendría un costo de 42 millones de soles para el Estado.