Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, descartó ayer la posibilidad de una omisión de funciones o abandono de cargo por parte de la jefa de Estado; ello ante el anuncio, por parte del Ministerio Público, de la apertura de una investigación preliminar en su contra por estos presuntos ilícitos.
Sostuvo que presidenta Boluarte emitió 91 normas en ese periodo de supuesta «acefalía de poder», todas firmadas por ella, entre decretos supremos, decretos de urgencia y leyes.
Al respecto, indicó -en declaraciones a Canal N– que aún no ha sido notificado de esta disposición de la Fiscalía y que por ello aún no ha conversado con la jefa de Estado sobre los hechos en que se fundamentaría esta, es decir,la supuesta intervención quirúrgica a la que se habría sometido en 2023.
«En el hipotético caso que haya sido así, el delito de omisión de función supone en esencia no hacer algo que por mandato le corresponde hacer. En el caso de la presidenta, gobernar, promulgar leyes, emitir decretos supremos, realizar un trabajo en servicio de la patria. Y esto no ha sido así, porque durante ese espacio de tiempo que dicen que la presidenta estuvo ausente, al contrario, hubo una actividad bastante protagónica de la presidenta«, declaró.
Portugal señaló también que la jefa de Estado ha tenido participación en las dos sesiones de Consejo de Ministros que se realizaron durante esos doce días que habría durado su ausencia, según esta versión, por lo que incorporarán las actas respectivas para demostrar este acto de función por parte de la mandataria.
Emitió normas
Añadió que la presidenta Boluarte emitió 91 normas en ese periodo de supuesta «acefalía de poder», todas firmadas por ella, entre decretos supremos, decretos de urgencia y leyes.
«De tal suerte que no podríamos hablar de una omisión de función cuando, por el contrario, hubo actos funcionales; y no se podría hablar de abandono del cargo donde, al contrario, hubo actos protagónicos en donde la Presidenta de la República siguió en comunicación», aseveró su abogado.
Indicó que el propio Alberto Otárola, entonces presidente del Consejo de Ministros, ha señalado que estuvo en contacto o comunicación con la mandataria durante ese periodo, y que ello lo aseguran también otros ministros y exministros que ejercieron en ese entonces.
En otro momento, Juan Carlos Portugal aseguró que, en el hipotético caso de que la mandataria se haya sometido a una rinoplastia, como se señala, se trata de una cirugía menor que puede obedecer también a una necesidad funcional.
Agregó que, si esta intervención no la incapacitaba mental o físicamente, no habría infracción constitucional o comisión de los presuntos delitos de abandono del cargo o de omisión de función.
«Cualquier persona que tiene una afectación a las vías respiratorias y para tener una mayor funcionalidad respiratoria puede hacerse este tipo de cirugías menores. Y esto no la incapacita neurológicamente, no la incapacita motoramente, no la incapacita en ningún tipo de actividades funcionales para poder hacer ejercicio de función. Y esto es en lo que finalmente se va a centrar el análisis»,sostuvo el abogado de la mandataria.
