Como todos sabemos o por lo menos hemos escuchado, desde hacen muchos años hay quejas de los inversionistas, de los emprendedores, y de los administrados en general, por los exagerados trámites, permisos, licencias, autorizaciones, exigencias, y requisitos documentarios, para iniciar o ampliar cualquier negocio y, peor si se trata de temática relacionada con recursos naturales, como por ejemplo la minería.
Si bien es cierto que la normatividad sobre los procedimientos administrativos, reconocen la necesidad de que ellos sean céleres y en términos razonables, lamentablemente ello es papel mojado, dado que no se cumple y parecería ser que muchísimos funcionarios, para justificar el escritorio que ocupan y el sueldo que reciben, un poco más y se regocijan en crear más y más trámites y requisitos, que le quitan las ganas a los emprendedores de hacer actividades que crean puestos de trabajo, los que ayudarían a paliar la situación recesiva y el desempleo desbordante del que nos lamentamos.
Es cierto también que desde la actividad privada se exige al Estado variar su consabida costumbre de imponernos trámites y requisitos inviables y, que desde sucesivos gobiernos se comprometieron a variar de actitud, para lo cual ya en varias oportunidades han dado muestras de preocupación, pero allí queda la cosa, con solo el nombramiento de comisiones burocráticas inoperantes.
Es casi cotidiano que nos indiquen desde el sector gubernamental que hay proyectos mineros que pronto entrarán en operación, pero ese “pronto” lo podremos traducir en quizás “nunca”, pues poco o nada se hace para facilitar las inversiones.
También sabemos que hay como dos mil obras públicas paralizadas y no se ve acción suficiente para reiniciarlas, lo que podría ayudar a superar la recesión.
El gobierno central acaba de expedir la Resolución Suprema N° 015-2024-PCM del 06 de febrero de 2024, por la cual crea una comisión de alto nivel, a lo que no quisiéramos agregar “falta de eficacia” pues le damos el beneficio de la duda, aunque si reconociendo que por lo menos es un intento gubernamental para hacer el inventario de todos los trámites y requisitos innecesarios y aportar propuestas de solución. Expresamente señala como su objetivo “identificar normas y procedimientos de cumplimiento ineficientes, innecesarios, injustificados que generan barreras burocráticas las que afectan las actividades económicas”.
La Comisión en cuestión, está integrada por ocho ministros de Estado, bajo el liderazgo del Presidente del Consejo de Ministros, teniendo la característica de ser multisectorial y temporal, pero como quiera que se supone que los ministros están abrumados de responsabilidades y tareas, y padeciendo también el horror de la “comisionitis”, en la norma comentada se dispone que tendrán sus alternos, que deben ser funcionarios con capacidad de decisión.
La Comisión “puede” invitar a colaborar a terceras personas, incluso gremios empresariales y laborales. Allí está el problema primeramente en el “pueden” que no es lo mismo que “deben”y, porque además el Sector Privado a través de organismos gremiales como CONFIEP, Cámara de Comercio de Lima, PERUCÁMARAS, Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, Sociedad Nacional de Minería, entre otras, no forman parte de la Comisión, solo pueden apoyarla.
En buen romance, son los funcionarios gubernamentales, que por lo general son los que traban las inversiones, los llamados a hacer las correcciones. Algo así como dar la llave de la despensa al gato despensero. Esto tiene que corregirse, si es que realmente hay vocación e intención de resolver la problemática.
