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BUTTERS EN EL TC: Los peruanos tienen derecho a conocer el Acuerdo con Odebrecht

Phillip Butters, patrocinado legalmente por Wilber Medina consiguió que ayer, lunes 2 de diciembre, se realice la audiencia en el Tribunal Constitucional (TC) del habeas data (Causa 2901-24) que solicita la revelación del Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios (ACJ) con la empresa constructora brasileña Odebrecht (Odb).

Procuradora aceptó que acuerdo no se está cumpliendo

 

Acuerdo con Odebrecht ha sido aprobado por el Poder Judicial sin restricciones | Noticias | Agencia Peruana de Noticias Andina

en el año 2019, el propio fiscal Vela Barba, prometió que dicho acuerdo iba a ser de conocimiento de la ciudadanía en los próximos 45 días para «recobrar la legitimidad de la institución». Situación que, como es obvio, nunca ocurrió.

Pese a los múltiples reclamos de la ciudadanía, el contenido del Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios (ACJ) se ha mantenido en absoluto secreto tanto para la ciudadanía, así como para la defensa técnica de los acusados del Caso Lava Jato que coordina el fiscal superior Rafael Vela Barba.

Esto, a pesar que en el año 2019, el propio fiscal Vela Barba, prometió que dicho acuerdo iba a ser de conocimiento de la ciudadanía en los próximos 45 días. Situación que, como es obvio, nunca ocurrió.

En ese sentido, tras cinco años después de la firma de ACJ, ni la ciudadanía ni la justicia peruana han podido acceder  a dicho documento guardado con extraño celo tanto por el fiscal Vela como por su «socio» José Domingo Pérez. Ambos, por cierto, han contado todo este tiempo con el apoyo incondicional de la gran mayoría de medios caviares y pro caviares.

Cabe subrayar que a pesar del hermetismo digno de mejor causa, los procesos del escándalo de corrupción más grande de la historia del país se tambalean ante el estupor de los incondicionales de quienes elevaron a categoría de semi dioses a la dupla de fiscales, hoy con serios cuestionamientos, cuando no con investigaciones en su propia institución.

Como es conocido, a pesar del santo oculto acuerdo, ahora los ejecutivos de Odenrecht -avalados por la justicia brasileña- se han negado a declarar en el juicio a Ollanta Humala -para no comprometer al presiden Lula que ordenó el aporte de US$ 3 millones para esta campaña electoral- la fiscalía y el poder judicial no saben cómo salvar la cara para disimular el papelón.

Lo curioso que si no hay contrainterrogatorios por parte de la defensa en el juicio oral, los testimonios en sede fiscal corren el riesgo de caerse y comprometer seriamente las investigaciones así como el derecho del país a defenderse de tamaño fraude económico.

no pretendo sacar un provecho personal apenas obtenga el Acuerdo de Colaboración Eficaz, va a ser colgado en todas las redes para que tengan acceso todos los peruanos

Ayer, en la audiencia, Phillip Butters señaló: «Tanto al señor Barata como a todos sus coacusados, que han confesado los delitos realizados, nunca se les impidió la salida del país, la liberación de sus bienes personales, patrimoniales, nunca se embargó su libro de actas, pudieron vender todos sus activos, los que quisieron. Solamente, lo que se sabe, por la velación de un preacuerdo, han confesado delitos en solo cuatro instancias de sus múltiples negocios en el Perú. Actualmente, la Municipalidad de Lima litiga por la posesión y el flujo que tienen ellos sobre los peajes. No sabemos la verdad, es un acuerdo secreto, cosa que a mí, a estas alturas, y me van a disculpar la palabra, me parece un absurdo; que hoy el señor Barata diga que no le han cumplido con lo prometido y que por eso, a la vez, él ha incumplido con lo que él prometió, por eso él, en este momento, es un prófugo de la justicia peruana y se encuentra con orden de captura internacional ¿Qué se le prometió? ¿Qué cosas nos dieron a cambio? ¿Por qué una multa tan pequeña e irrisoria ante un daño inmensamente grande?… lo que ha pasado en el Perú después del caso Lava Jato es un cataclismo, peor que un incendio. La gente ya no confía en los jueces, menos en los fiscales. El doctor José Domingo Pérez está siendo investigado, en este momento, por desbalance patrimonial, que no es poca cosa. Estamos ante una situación de incertidumbre y el pueblo peruano requiere la verdad, una verdad que probablemente encontremos una vez que se devele el secretismo del Acuerdo de Colaboración Eficaz, que hoy por hoy, entiendo que es un absurdo… yo no pretendo sacar un provecho personal apenas obtenga el Acuerdo de Colaboración Eficaz, va a ser colgado en todas las redes para que tengan acceso todos los peruanos».

WILBER MEDINA: BARATA O LUIS NAVA MIENTE – RCR Peru

el señor Vela y el señor Domingo Pérez se han paseado por cuanta plaza pública y medio de comunicación, exigiendo y diciendo que con ese Acuerdo se va a saber el derecho a la verdad, con ese mismo énfasis, esta defensa y el señor demandante le pedimos a usted señoría que justamente, por tener acceso a la verdad

A su turno, el abogado de Butters, Wilber Medina, indicó ante el pleno del TC: «En un Estado Constitucional no es correcto que solo dos personas sepan y ningún fiscal de la nación… todos los fiscales de la nación, empezando por el señor Chávarry, cuando se suscribe, ninguno tiene acceso, eso no puede ser, tanto más si la norma dice: el carácter de secreto de una información, en todo caso, tendrá que determinarlo el titular de la entidad y no dos funcionarios de segunda categoría… el señor Vela y el señor Domingo Pérez se han paseado por cuanta plaza pública y medio de comunicación, exigiendo y diciendo que con ese Acuerdo se va a saber el derecho a la verdad, con ese mismo énfasis, esta defensa y el señor demandante le pedimos a usted señoría que justamente, por tener acceso a la verdad, a favor de los 33 millones de peruanos, pedimos que se declare fundado el recurso de agravio, se declare fundada la demanda y se nos permita acceder a ese acuerdo, que no va a ser guardado, sino va a ser divulgado a toda la población».

La representante de la Procuraduría, por su parte, fue duramente cuestionada por los integrantes de la Sala, al punto que no fue capaz de poder sustentar legalmente el secretismo del Acuerdo, al no estar contemplado por la Ley; tal y como se lo hicieron ver durante la audiencia.

ANDINA/Norman Córdova

Procuradora acepta que el acuerdo no se cumple del todo

Silvana Carrión, procuradora encargada de estos casos, aceptó que dicho documento fue suscrito con la propia empresa y también con sus ejecutivos involucrados como personas naturales.

A la pregunta de si «el acuerdo se ha venido cumpliendo» por parte de uno de los magistrados, la representante del Ministerio Público aceptó que «no se cumple en todo, como el caso del señor Barata, quien no ha asistido las audiencias».

Preguntada si el acuerdo fue suscrito de buena fe; la procuradora sólo atinó a señalar que se «celebró de buena fe». Sin embargo agregó que luego ha habido algunos problemas que son materia de control judicial».

El acuerdo no se está ejecutando de buena fe

 

Acto seguido le preguntaron si el acuerdo de está ejecutando de buena fe; a la representante de la fiscalía no quedó sino responder «no».

Tratando de minimizar su revelación, la letrada señaló que habían mecanismos en el proceso que podrían corregir. Frente a ello, el magistrado le aclaró que lo cierto es que estaba reconociendo que el acuerdo no se estaba cumpliendo de buena fe.

Carrión reconoció que la decisión de un juez de Brasil, que ordenó no compartir las pruebas obtenidas de la empresa Odebrecht, sirvió para que exfuncionarios de esa empresa no se presentarán a declarar y como argumento para sus defensas.

También señaló que los jueces peruanos, bajo el principio de soberanía de la justicia peruana, no han considerado esa posición y han dado lectura a las declaraciones y las evidencias validadas por la sentencia de colaboración eficaz.

DATO

En el polémico Acuerdo de Colaboración, según se sabe, la empresa trasnacional solo ha admitido delitos en 4 proyectos (Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, Vía de Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao) y se comprometió a pagar una ínfima reparación civil de 610 millones de soles.

 

 

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