Gobierno se pone al límite de la legalidad al negarse a cumplir mandato judicial. Esta mañana, Daniel Soria acudió a la sede de la Procuraduría General del Estado para hacer cumplir la orden del Poder Judicial. pero no pudo ingresar a su oficina. Joseph Campos, su abogado, advirtió «consecuencias» para el Poder Ejecutivo por no acatar esta medida.
Orden judicial demandada al Poder Ejecutivo y PCM proceda a restituir a Daniel Soria en el cargo de procurador general del Estado, bajo responsabilidad funcional y penal que conlleve el incumplimiento a un mandato judicial
El exprocurador general del Estado Daniel Soria, junto con su abogado, acudió esta mañana a la sede de este organismo para retomar posesión de su cargo luego de que el Poder Judicial ordenara su reposición; sin embargo, no pudo ingresar a su oficina, la cual todavía es ocupada por Javier León, quien continúa en funciones pese a que presentó su renuncia.
En declaraciones a la prensa, Daniel Soria comentó que logró conversar brevemente con Javier León; no obstante, el funcionario le indicó que no era «la persona indicada» para hacer cumplir la medida dictada por el Poder Judicial. Al respecto, su abogado, Joseph Campos, señaló que este último es actualmente «un usurpador».
«Quiero precisar que desde hoy el señor Daniel Soria Luján es el procurador general del Estado por disposición del juez constitucional. La forma como hemos visto hoy, la resistencia de un renunciante -Javier León- nos extraña porque él sabe que, según la resolución judicial, él (Daniel Soria) ya es Procurador General del Estado», señaló.
Más temprano en entrevista con RPP, Joseph Campos exigió que se cumpla su reposición en el cargo ordenada por el Poder Judicial. En ese sentido, calificó de «absolutamente incorrecto» que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, señalara que no acatarán esta medida hasta que exista una sentencia firme.
«La siguiente consecuencia de esta decisión es que ya no existen dudas de que el control constitucional que hace el juez ha establecido que es un infractor de la Constitución junto con el presidente porque lo que ha establecido es que esa resolución que lo sacó por una supuesta pérdida de confianza es materialmente una infracción a la Constitución», dijo a RPP.
«Si alguien podía especular, ya no: es una infracción a la Constitución, entonces lo que correspondería para efectos de establecer una sensatez en todo esto es que lo que dijo (Aníbal Torres), ahora que hay Consejo de Ministros vuelva a la sensatez porque creo que fue un error, al que llevó al presidente, y creo que no debería exponerse», agregó.
Joseph Campos consideró que el presidente Pedro Castillo «no debería exponerse» a desacatar este fallo a favor de Daniel Soria ya que, según explicó, el proceso de amparo, además de poderse acatar de inmediato, tiene consecuencias en caso no se acate, las cuales podrían llegar hasta la destitución del funcionario que es renuente a esta decisión.
«Si el ministro de Justicia no ordena que se establezcan las condiciones para su reposición (al mando de la Procuraduría General del Estado), tendremos que pedirlo que lo haga el presidente, y si es renuente, finalmente la exposición tendría que alcanzar –en una nueva vía posible– para discutir la permanencia del presidente de la República», añadió.
La orden judicial advertía consecuencias
Cabe recordar que el martes pasado, el Poder Judicial ordenó la reposición inmediata de Daniel Soria al mando de la Procuraduría General del Estado. El juez Jonathan Valencia admitió el pedido de ejecución anticipada de la sentencia a favor del exprocurador y mandó su realización bajo pena en caso de incumplimiento.
«Ordenar que la entidad demandada (Poder Ejecutivo y PCM) proceda a restituir a Daniel Soria en el cargo de procurador general del Estado, bajo responsabilidad funcional y penal que conlleve el incumplimiento a un mandato judicial», se puede leer en la resolución.
El último lunes, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima había declarado improcedente un recurso que ordenaba la reposición de Soria. No obstante, quedaba pendiente resolver el fondo, donde finalmente se determinó que proceda la demanda.
Daniel Soria fue removido del cargo en febrero del presente año. En ese entonces, Aníbal Torres, hoy también investigado por el Ministerio Público, estaba al frente del Ministerio de Justicia y admitió la salida de Soria, luego de que este denunciara al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación.
Los presuntos delitos que se le imputaban al jefe de Estado eran patrocinio ilegal y tráfico de influencias y respondían a las visitas de la empresaria Karelim López a Palacio de Gobierno.
