¿Guion aprendido? El ex presidente Pedro Castillo Terrones protagonizó, ayer jueves, un incidente al negarse a los servicios del abogado de oficio, Edgar Callahualpa, y querer abandonar la segunda sesión del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
expresó en más de una vez que no quería participar en el juicio, señalando que se quedaba “contra su voluntad”.
Durante los alegatos de apertura, Castillo Terrones, investigado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, rechazó que el letrado interviniera y repitió que no necesita los servicios de la defensa pública.
“El único delito que cometí es defender a este pueblo. Yo, sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta de que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad”, declaró desde la sala de audiencias del penal de Barbadillo, en Ate.
La jueza Norma Carbajal Chávez le indicó al exmandatario que esta es la etapa de alegatos de apertura y que más adelante podrá declarar.
No obstante, Castillo respondió: “¿Alegatos ante quién? Si usted ha adelantado opinión”, y pidió retirarse de la audiencia.
“No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme?», exclamó.
El presidente del tribunal supremo, José Neyra Flores, tomó la palabra y desestimó la solicitud del exjefe del Estado, advirtiéndole que la ley establece medidas de coerción para aquellos procesados que no quieren participar en un juicio.
“Yo estoy en la cárcel injustamente”, dijo Castillo, claramente ofuscado.
Pedro Castillo insistió en su inocencia y arremetió contra los fiscales, a quienes acusó de tener “tesis de Azángaro” y que no pueden sustentar la acusación en su contra por el cierre arbitrario del Congreso.
También arremetió contra la Fiscalía y la Procuraduría
Castillo Terrones también dirigió sus ataques contra la Procuraduría General del Estado, que pide que el exmandatario y sus coacusados paguen, en forma solidaria, la suma de 65,4 millones de soles.
“La Procuraduría pidiendo millones de plata, que vayan a trabajar a otro lugar. Nunca cogí un arma. Estoy acá contra mi voluntad, en nombre de un pueblo que me ha elegido”, señaló.
Asimismo, dijo que no descartaba que el abogado de la defensa pública haya grabado una conversación entre ambos.
El magistrado Neyra Flores le exigió al exmandatario moderar su vocabulario y dio por superado el impase. Pero Castillo Terrones nuevamente quiso abandonar la sala, por lo que el juez le repitió que, si se retira, se dispondrá su retorno a la fuerza.
Castillo y coacusados rechazaron los cargos
Después de superarse el incidente, Castillo y el resto de coacusados –entre ellos los ex primeros ministros Betssy Chávez y Aníbal Torres; el exministro del Interior, Willy Huerta; y los exoficiales de la Policía Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón (reo contumaz) –rechazaron las imputaciones fiscales e insistieron en su inocencia.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Galinka Meza, solicita 34 años de cárcel para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Mientras que, en el caso de Betssy Chávez, Willy Huerta y los exoficiales de la PNP, la Fiscalía pide 25 años de prisión. Para Aníbal Torres, solicita una pena de 15 años.
Según la hipótesis fiscal, Castillo habría coordinado con Torres y Chávez el mensaje televisado que anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y un gobierno de excepción.
Además, ordenó impedir el ingreso al Legislativo y proteger las viviendas de sus padres y coacusados, mientras intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo, pero fue detenido en flagrancia.
