El decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), César Bazán, señaló que las medidas que, al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso emitirá el Poder Ejecutivo a favor de la seguridad ciudadana, deben reforzar la identificación de las fuentes de financiamiento de acciones como las del robo de teléfonos celulares.
Decano considera que mientras haya mercado para celulares robados, actos delictivos continuarán igual
“Hay alguien que provee el capital, y a ese es a quien tenemos que ubicar”, indicó, para luego señalar “para que esos 4 mil celulares que se roban a diario tengan un efecto en el delincuente, tienen que venderse en alguna parte”, recalcó.
Bazán señaló que quienes roban o hurtan celulares, venden estos a un reducidor, que a su vez los comercializa. El dinero que estos últimos utilizan para adquirir esos aparatos robados proviene de fuentes desconocidas que es necesario ubicar, conllevando así a que se corte el flujo delictivo.
“Si se corta la fuente de financiamiento, por más que robe el delincuente, no tiene a quién venderlo, y si no tiene eso, ¿para qué va a robar?”, indicó.
Análisis del DL 1578
En opinión del decano del CAL, establecer penas de cárcel de entre doce y 30 años para quienes roben teléfonos celulares “no va a mejorar la situación”, puesto que seguirá habiendo un mercado para comercializar los objetos robados.
A ello se añade -dijo- que el decreto legislativo 1578, recientemente emitido al respecto,incrementa penas para el robo de celulares, pero mantiene igual las sanciones para el hurto de los mismos;entendiendo robo como arrebato con violencia y hurto como acto exento de ella.
Bazán también indicó que “no hay una congruencia” entre el incremento de las penas privativas de la libertad con la forma en que estas se aplicarán, puesto que la capacidad de las cárceles para recibir nuevos internos está rebasada totalmente.
Identificar la fuente
En cuanto a lo que tendría que hacerse desde el gobierno para disminuir los actos delictivos, el decano del CAL propuso optimizar el sistema de identificación de fondos, así como el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Ya tenemos normas al respecto; solo hay que hacer que el sistema funcione”, manifestó.
“La UIF tiene que hacer un trabajo muchísimo más detenido que el que hace actualmente, para, de la mano con la Policía Nacional, encontrar las vertientes del dinero” dijo Bazán.
Refirió que esa institución tiene que procesar mejor la información que recibe de los bancos a fin de detectar el dinero que se busca lavar, entre otras actividades, financiando actos delictivos como robos, narcotráfico, terrorismo y venta de armas.
“Todo ese dinero pasa por el mismo embudo y hay que interceptarlo”, puntualizó el decano del CAL.
