CONGRESO: Pleno aprobó dictamen que modifica extinción de dominio

El pleno del Congreso de la República aprobó anoche, en segunda votación, el dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo 1373, sobre extinción de dominio.

En segunda votación

La iniciativa legislativa, que fue aprobada por 42 votos a favor, 25 en contra y 10 abstenciones, plantea que los bienes obtenidos de manera ilegal solo puedan ser confiscados cuando exista una sentencia judicial firme.

«No se necesita la emisión de una sentencia firme y consentida o de un laudo, si están referidas a las siguientes actividades ilícitas penates: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio», precisa el documento.

«En estos casos, el trámite del proceso judicial o arbitral no es oponible y el juez rechaza de plano cualquier pedido destinado a la suspensión del proceso», agrega el texto.

Durante el debate, el congresista y presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) planteó una cuestión previa para que el proyecto de ley regrese a comisión para un mayor estudio y análisis. Su propuesta fue rechazada.

Argumentó que se trata de un tema bastante delicado y que si bien se habían cometido excesos con la ley actual de extinción de dominio, la nueva propuesta normativa eliminaría «un arma eficaz de lucha contra la criminalidad». 

«Nos hemos ido al otro extremo porque prácticamente estaríamos anulando la posibilidad de convertir a la extinción de dominio en un arma eficaz  en la lucha contra criminalidad. Plantear que la extinción de dominio, que es un proceso autónomo, se defina cuando haya una sentencia consentida y ejecutoriada es prácticamente anular este procedimiento», sostuvo.

Tras la aprobación del proyecto de ley se presentó una reconsideración a la segunda votación, la cual no fue aprobada.

Se debe recordar que el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Ministerio Público se pronunciaron en contra de la norma por considerarla un retroceso en la lucha contra el crimen organizado. Asimismo, la Fiscalía advirtió que seis casos emblemáticos  se verían afectados con dicha propuesta.