La Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el último viernes otorgar las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo en materias como seguridad ciudadana y prevención frente a un eventual Fenómeno El Niño. Conoce los principales aspectos y cambios en el dictamen aprobado.
El grupo de trabajo aprobó delegar facultades por el plazo de 90 días y ya no 120, como consignaba el Proyecto de Ley 5632/2023-PE, presentado por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte el pasado 28 de julio.
Las materias sobre las que busca legislar el Ejecutivo son seguridad ciudadana; gestión del riesgo de desastres; infraestructura social y calidad de proyectos; y fortalecimiento de la gestión pública.
Seguridad Ciudadana
Los principales cambios están referidos a la renovación del parque automotor mediante “chatarreo”, que será obligatorio dentro de un procedimiento de ejecución coactiva. También se permitirá reducir el plazo para el proceso de declaración de abandono de vehículos en un procedimiento administrativo sancionador.
Se aprobó también actualizar la norma que permita la capacitación, entrenamiento y medidas para el adecuado uso de los medios de defensa por parte delserenazgo municipal, bajo un enfoque de respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Asimismo, se contempla la modificatoria del nuevo Código Procesal Penal a fin de optimizar el marco legal para regular la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, salvaguardando sus atribuciones.
En materia migratoria, se incide en el fortalecimiento del marco normativo, con la finalidad de fortalecer las intervenciones policiales en flagrancia, así como introducir la tipificación de reingresos clandestinos o sin controles migratorios.
También podrá el Ejecutivo modificar el nuevo Código Procesal Penal a fin de ampliar el plazo para la plena identificación del extranjero hasta por 12 horas. Se señala que todas las modificatorias deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
Gestión del Riesgo de Desastres
Se precisa que la agilización de contrataciones públicas se hará mediante la modificación de la Ley 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, facultando a las entidades a convocar el Procedimiento Especial de Selección contenido en dicha ley hasta el 31 de diciembre del 2024.
También se dan mayores precisiones con respecto al fortalecimiento del seguro agrario. Se plantea otorgar subvenciones económicas a los pequeños productores agrarios a través de seguros y compensaciones directas hasta por un monto máximo de 10 millones de soles, entre otras medidas.
Infraestructura social y calidad de proyectos
El dictamen señala que se permitirá de forma excepcional al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), ejecutar proyectos de inversión en los servicios de saneamiento mediante la modalidad denúcleos ejecutores hasta el 31 de diciembre de 2026, por un monto máximo de S/4,500,000.00.
También se permitirá de manera excepcional al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) llevar a cabo proyectos e inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación, y reposición en poblados rurales que cuenten con una población menor o igual a 2000 habitantes con pobreza monetaria mayor o igual al 40%.
Asimismo, se aprueba fortalecer el Sistema Nacional de Focalización (Sinafo), adscrito a dicho ministerio, mediante la creación del Organismo Técnico Especializado de Focalización e Información Social (OFIS).
Fortalecimiento de la gestión pública para un mejor servicio
Sobre este último punto, se faculta al Gobierno a modificar el marco normativo a fin de establecer reglas para el traslado de las entidades públicas señaladas en los literales a) y g) del artículo 1 de laLey N.º 30057, Ley del Servicio Civil, al régimen del mismo nombre, de manera ordenada y oportuna, a fin de garantizar el derecho de los servidores a contar con igualdad remunerativa y social.
Disposiciones complementarias
El dictamen de la Comisión de Constitución incluye cuatro disposiciones complementarias finales, no incluidas en el proyecto original.
La primera señala que las medidas que se emitan en el marco de la delegación de facultades no afectan el principio de transparencia, la autonomía de los gobiernos regionales y locales, ni vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política.
En segundo lugar, se indica que todas las habilitaciones y modificaciones presupuestarias que requieran las materias delegadas se tramitarán conforme a la Ley de Presupuesto.
La tercera disposición establece que las materias delegadas no se encuentran exentas del Sistema Nacional de Control.
Por último, se precisa que es deber del titular de cada sector informar por escrito y al término de 60 días calendario, contados desde la publicación de los decretos legislativos correspondientes, los avances del estado de implementación de las medidas legislativas que se emitan al amparo de las facultades delegadas.
