Un total de 198 entidades públicas registraron puntajes “altos” y “muy altos” en niveles de corrupción, de acuerdo con el informe sobre el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2022 presentado ayer por la Contraloría General de la República.
La acción de la Contraloría permitió detectar- por ejemplo- la contratación de 8,441 asesores durante el 2022 lo cual generó un gastó más de S/ 123 millones. “Determinándose que en más del 90% del tiempo de realización de las consultorías estaban fuera del país”.
La investigación permitió determinar que las entidades de los sectores de intervención (que comprende los tres niveles de gobierno) de Transporte, Educación, Salud, Vivienda e Interior fueron las más perjudicadas por la corrupción.
Según los indicadores analizados en el INCO 2022, el 38.4% corresponden al nivel del Gobierno Regional, el 37.9% son del Gobierno Local y el 23.7% son del Gobierno Nacional.
El INCO 2022 es un índice que estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional del Perú, por ámbito geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno), basándose en los hallazgos del control gubernamental y otras fuentes de información.
“El INCO 2022 es resultado de lo que estamos haciendo en análisis de datos, interoperabilidad e inteligencia artificial, esto no es lo que la gente cree o lo que las encuestas dicen, se trata de data dura y pura de los sistemas de administración en el Estado. Así es como deberíamos empezar a enfocar, de una manera más objetiva, los problemas de corrupción e inconducta funcional en el Perú”, dijo el contralor Nelson Shack.
Dicho índice fue elaborado con 14 bases de datos públicos y con ello se pudo evaluar a un total de 2, 815 entidades estatales, de las cuales 367 corresponden al nivel del Gobierno Nacional, 558 al nivel del Gobierno Regional y 1,890 corresponden al Gobierno Local. Todas esas entidades ejecutaron un presupuesto de S/ 208 600 millones durante el 2022.
LA PROBLEMÁTICA
Shack dijo que el principal problema que derivó en casos de corrupción e inconducta funcional fue el fraccionamiento en las contrataciones públicas sin proceso de montos menores o iguales a 8 Unidades Impositivas Tributaria (UIT).
“Tenemos más de 76,000 casos de contrataciones a dedo realizadas en el 2022 y que han movido más S/ 9,250 millones. Sobre estos funcionarios sabemos quiénes son, sabemos dónde están sus cuentas, sabemos cuáles las órdenes de servicio sabemos dónde trabajan. En los próximos meses les llegará su acción de control y su pliego de cargos para que expliquen por qué hicieron esta barbaridad”, dijo.
Otras problemáticas detectadas en el INCO 2022 son las unidades ejecutoras con proyectos caducos y abandonados, contrataciones que son materia de impedimentos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, presuntas irregularidades en la gestión de planillas, entre otros. “En el caso de las presuntas irregularidades en la gestión de planillas tenemos a 600 entidades que tienen estos problemas”, dijo.
Precisó que las diez principales provincias donde se ve una mayor presencia de problemas de corrupción son Maynas, Huancayo, Piura, Huaraz, Puno, Callao, Mariscal Nieto, Moyobamba, Chachapoyas y Tumbes.
Otra conclusión relevante es que el 15% (421) de las entidades públicas evaluadas en el INCO 2022 tienen niveles por encima de los 50 puntos, lo que significa un nivel medio alto de corrupción.
