La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptó una resolución respecto de la solicitud de medidas provisionales en los Casos Barrios Altos y La Cantuta Vs. Perú, en la cual requiere al Estado peruano suspender inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley N° 6951/2023-CR que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el país antes del 2002.
Según la resolución difundida en su cuenta oficial en la red social X, la Corte IDH adopta esta medida «para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta».
En ese sentido, pide suspender inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley N° 6951/2023-CR, el cual se encuentra pendiente de segunda votación por el pleno del Congreso de la República, hasta que la Corte IDH cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta
Asimismo, la Corte IDH convocó al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública virtual sobre la solicitud de medidas provisionales efectuada por los representantes, a celebrarse de manera virtual el lunes 17 de junio de 2024 de las 8.30 horas a las 10.00 horas, horario de Costa Rica, durante el 168 Periodos Ordinario de sesiones de esta Corte.
Se dispuso que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado del Perú, a los representantes de las víctimas de ambos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 6 de junio, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el proyecto de ley N° 6951/2023-CR “que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana», el cual permite la prescripción del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el Perú antes del 2002.
Se trata de una iniciativa legislativa presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular).
De acuerdo al Ministerio Público, una de las consecuencias jurídicas de aplicar dicha norma sería declarar la prescripción de la acción penal de casos emblemáticos como Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos y el Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cantuta-Pativilca, Cedruyo, Cantuta-Aldo Vásquez, Madre Mía, Humaya Chambara, Universidad del Centro, Paccha, Putis, Hilario Trucios, Casos del Comunicado de Prensa Conjunto, El Frontón, Mamérita Mestanza, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.
