DENUNCIAN A JUECES QUE ORDENARON SUSPENDER PROCESO CONTRA LA JNJ

Los integrantes de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordenaron la suspensión del proceso que se sigue en el Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), fueron denunciados hoy por el presunto delito de prevaricato.

La denuncia fue presentada por la legisladora Patricia Chirinos ante el Ministerio Público. A través de la misma, la legisladora sostiene que los referidos magistrados “ejercieron de manera arbitraria la función de administración de justicia, menoscabando las competencias que la Constitución le reconoce al Parlamento”, al dar luz verde (en parte) a la medida cautelar presentada por los magistrados de la JNJ.

En consecuencia, advierte que la citada disposición judicial “es ilegal” en la medida que “obstruye un mandato” que la Constitución Política del Perú le confiere al Poder Legislativo.

«Los jueces de la República, al momento de expedir sus resoluciones no pueden derogar inconstitucionalmente las competencias de otro poder estatal ni las atribuciones de otro órgano constitucional, ni impedir u obstaculizar su ejercicio», precisa en la referida denuncia que fue entregada a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La disposición judicial generó una ola de críticas en el congreso de la República. El titular del Legislativo, Alejandro Soto, utilizó las redes sociales para rechazar la decisión judicial.

«El Parlamento rechaza esta decisión y responsabiliza a la referida sala de todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones que sobre aquellos recaen en la actualidad o puedan recaer en el futuro», escribió.

ABREN INVESTIGACIÓN

Por su parte el Ministerio Público dispuso esta tarde el inicio de una investigación preliminar contra los tres jueces de la referida sala constitucional que le otorgó una medida cautelar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Fue al acoger la denuncia de Patricia Chirinos

Según el diario El Comercio, la resolución respectiva establece que el caso será analizado por la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Público.