Según el programa ‘Punto Final’, un grupo de constructoras, entre ellas chinas, habrían accedido a información reservada de concursos públicos vulnerando el sistema electrónico del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) para ganar las obras.
La información extraída por el servicio denominado Tarot era enviada a representantes de constructoras, quienes en base a los datos ajustaban sus ofertas económicas para aparecer con el precio más bajo y ganar los concursos públicos.
El informe periodístico reveló anoche que un joven de 23 años y sus cómplices vulneraron el sistema de seguridad de la plataforma SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para vender información a decenas de empresas que ganaron millonarias licitaciones a sus competidores, según el programa Punto Final.
De acuerdo con la información dada a conocer, un hombre, identificado como Mario, acudió el 4 de abril de este año a la Procuraduría Anticorrupción para revelar que gracias a un contacto privado y a uno en el propio OSCE conseguía acceder como usuario interno a la administración del SEACE y obtener de ahí las propuestas de postores ante del cierre de un concurso público.
La información extraída por el servicio denominado Tarot era enviada a representantes de constructoras, quienes en base a los datos ajustaban sus ofertas económicas para aparecer con el precio más bajo y ganar los concursos públicos.
Mario, quien podía cobrar hasta 30 000 dólares por consulta, no solo relató al procurador anticorrupción Javier Pacheco la lista de empresas beneficiarias de su servicio desde hace dos años, los nombres de operadores de Tarot y un conjunto de imágenes y chats de las comunicaciones donde se compartía la información de propuestas de postores.
Presuntos beneficiarios de Tarot
El programa Punto Finalcitó como ejemplo el concurso para la obra del Hospital del Altiplano de Puno, obra convocada por EsSalud con un precio referencial de 280.9 millones de soles. Y tenía como plazo máximo de presentación de propuesta el 28 de junio del 2021.
Ese día, China CAM Engineering registra su propuesta a las 18:42, el Consorcio Andes del Sur registra la suya a las 21:22. Las propuestas de los postores son secretas hasta su apertura en conjunto. Pero minutos antes del cierre entra a intervenir Tarot. Y a las 23:08 entrega información de las ofertas económicas secretas. De acuerdo con el informe periodístico, alimentado por esa data, el Consorcio Hospital del Altiplano oferta a las 23.17.
Cerrado el plazo se abren las propuestas. China CAM Engineering ofertó 277.4 millones de soles, Consorcio Andes del Sur, 280 millones de soles y Consorcio Hospital del Altiplano 275.2 millones, que ganó el concurso. El citado consorcio estaba conformado por dos empresas chinas.
Punto Finalprecisa que el contacto entre el proveedor del servicio Tarot y las empresas chinas beneficiarias con la información es Felipe Aguilar Quispe, quien pertenece a una familia de empresarios vinculados a empresas chinas que han obtenido contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y son investigadas por la Fiscalía.
«Acciones de investigación interna»
Ante la denuncia periodística, el OSCE manifestó su «firme compromiso» en la lucha contra la corrupción reiterando su rechazo a todo acto contrario a la ley, expresando su total disposición de colaboración con las autoridades correspondientes en las investigaciones que se realicen.
A través de un comunicado, anunció que oficiará a la Fiscalía Anticorrupción y a la Procuraduría General del Estado, a fin de solicitar se impulsen las investigaciones destinadas a identificar a los presuntos responsables y sean sancionados conforme a ley.
«El OSCE iniciará de manera inmediata las acciones de investigación interna en atención a los hechos señalados en el reportaje», indicó.
Finalmente, el OSCE recordó a la ciudadanía sus canales de atención de denuncias sobre presuntos actos de corrupción en el enlace https://apps.osce.gob.pe/anticorrupcion-denuncia/ a fin de que denuncien cualquier hecho contrario a ley, garantizando la reserva de la identidad del denunciante.