¡DETENER EL TERROR Y LA MINERÍA ILEGAL EN PATAZ!
Una torre de alta tensión, que provee de energía a las operaciones de la minera Poderosa (en Pataz), fue derribada con explosivos unos días atrás, evocando los peores momentos del terrorismo que devastó el país en la década de los ochenta. El ataque afectó al sistema de interconexión SE 2190 que pertenece al proyecto BESS La Morena.
No hay otra manera de preservar la minería moderna y el crecimiento
El atentado terrorista se produjo luego de conocerse rumores persistentes acerca de que un sector de mineros ilegales atacaría la planta de operaciones de la minera Poderosa. En ese contexto, se reforzó la seguridad de la compañía, pero los ilegales optaron por derribar la torre de alta tensión. Con este hecho ya suman nueve torres de alta tensión siniestradas por la minería ilegal. Si recordamos que, unas semanas atrás, sectores del crimen organizado y de la minería ilegal atacaron un área de la concesión de Poderosa dejando nueve muertos y más de 23 heridos, ¿qué tipo de violencia se comienza a enfrentar en Pataz en contra de la minería moderna?
Como todos sabemos en los últimos meses, el crimen organizado –diversas bandas criminales, entre ellas algunas extranjeras– se convirtieron en el brazo armado de la minería ilegal en Pataz. La convergencia de estos actores de la ilegalidad tiene que ver con que el Estado –a nivel nacional, regional y local– ha abdicado de su responsabilidad de salvaguardar la ley y el orden frente al avance del crimen organizado y la minería ilegal, ya sea por temor o por corrupción, es algo que debe investigarse. Ante este vacío y los esfuerzos de la minería moderna por mantener las concesiones y sus derechos de propiedad, el crimen organizado ha comenzado a desarrollar asesinatos, violencia de todo tipo y, por supuesto, evidentes actos de terrorismo que debe ser correctamente tipificado por las autoridades judiciales.
En este contexto, el Estado no solo debe declarar el Estado de Emergencia en Pataz –tal como ya lo ha hecho–, también debe desarrollar un plan nacional para detener esta convergencia de minería ilegal, crimen organizado y terrorismo, en términos generales. ¿Por qué un plan nacional que comprometa a todo el Estado, desde los ministerios, la policía nacional del Perú (PNP) y las instituciones del sistema de justicia? Porque si triunfa la ilegalidad y el terror en Pataz sobre la minería moderna –que paga impuestos, genera empleo y es un motor contra la pobreza–, toda la minería moderna a nivel nacional estará en evidente peligro.
El Ejecutivo está en la obligación inmediata de restablecer el Estado de derecho en Pataz y en todas las demás zonas mineras amenazadas por la violencia y el terror