El Congreso aprobó el dictamen que plantea medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de mercancías, las cuales constituyen un servicio esencial y estratégico para la movilidad social, el empleo y la economía.
La iniciativa se aprobó con 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones en la sesión que se desarrolla este jueves. Además, fue exonerada de una segunda votación.
La norma, de autoría del hoy presidente de la república, José Jerí, fue dictaminada por las comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas; y la de Transportes y Comunicaciones.
Además, el texto fue consensuado con las instituciones intervinientes, como los ministerios del Interior; de, Transportes y Comunicaciones, Poder Judicial, Ministerio Público, el MEF, Justicia y los gremios de transportistas, entre otros.
La presidenta de la Comisión de Defensa, Karol Paredes, sostuvo que el dictamen se sustenta en la necesidad de una respuesta excepcional a nivel del Estado, ante un fenómeno criminal de carácter estructural y organizado.
“Las extorsiones y sicariatos en el transporte público afectan no sólo la economía popular, sino también el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la vida”, indicó.
La legisladora explicó que la propuesta plantea la creación de un registro nacional de empresas de transportes vulnerables; la intervención temporal de rutas y concesiones bajo riesgo delictivo; y el intercambio de información entre la Sunat, la SBS y la Policía Nacional para detectar lavado de activos.
Además, se propone la supervisión especial de terminales por parte del Ministerio del Interior y la coordinación de fiscalías especializadas en crimen organizado por casos vinculados.
La titular de la Comisión de Defensa Nacional remarcó que estas medidas extraordinarias no sustituyen el marco penal ordinario, sino que lo fortalecen con herramientas de inteligencia operativa y coordinación interinstitucional.
Compromiso en mesas de trabajo
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori, resaltó que el dictamen es uno de los acuerdos y compromisos adoptados en las siete mesas de trabajo realizadas con la participación del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y los gremios de transportistas.
“Con la aprobación de esta norma se cumplirá plenamente lo acordado el día 2 de octubre. El objetivo principal de esta norma es establecer un marco legal extraordinario que permita al Estado prevenir, enfrentar y reparar los efectos de la criminalidad organizada en el sector transporte, bajo las modalidades de extorsión y sicariato”, sostuvo.
El legislador indicó que el dictamen documenta más de 128 víctimas de atentados entre agosto de 2024 y octubre de 2025, con 65 fallecidos en Lima y Callao.
Mori resaltó que el dictamen plantea enfrentar los casos de extorsión y sicariato mediante acciones articuladas entre diversas entidades públicas, con énfasis en la prevención financiera y operativa.
