ECUADOR: PARLAMENTO ACUSA A EX PRESIDENTE LASSO DE MALVERSACIÓN

La Asamblea Nacional de Ecuador declaró ayer jueves  al expresidente Guillermo Lasso  responsable del delito de peculado (malversación), durante la votación final del juicio político que el entonces mandatario interrumpió hace seis meses al disolver la Cámara y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias.

El exmandatario fue acusado de supuesto peculado en la renovación de contratos entre las empresas Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), y Amazonas Tanker Pool Company LLC.

 

Tras reinstalarse después de los comicios, la Asamblea siguió adelante con el juicio político pese a que ya no había opción de destituir a Lasso (2021-2023), que dejó el cargo hace una semana a su sucesor, Daniel Noboa, el joven empresario de 35 años que ganó las elecciones presidenciales derivadas de la ‘muerte cruzada’ con la que él evitó su posible destitución.

El Legislativo ecuatoriano consideró fundada la acusación de peculado contra el conservador Lasso con 116 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones, decisión que quedó refrendada en una segunda votación de reconsideración.

Con esta votación culmina largo juicio político con el que la oposición pretendía sacar del poder a Lasso en este proceso que emprendió la oposición, liderada por el correísmo y el conservador Partido Social Cristiano (PSC).

Estas dos fuerzas impulsaron el juicio político contra Lasso después de que saliera a la luz una presunta trama de corrupción en empresas públicas encabezada aparentemente por su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y con uno de sus integrantes con presuntos nexos con una mafia del narcotráfico.

La nueva composición de la Asamblea tras las elecciones volvió a dejar al correísmo y al PSC como dos fuerzas dominantes en el hemiciclo y reanudaron el juicio político a Lasso, que antes de la disolución del Legislativo tenía un grupo muy minoritario y ahora no cuenta con ningún representante de su partido CREO.

El Parlamento ordenó notificar de la decisión de forma inmediata al expresidente y también a la Fiscalía y a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) «para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos materia de esta acusación política hacen presumir el cometimiento de una infracción penal».