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EL EJECUTIVO SE CONTRADICE CON RESPECTO A LA MINERÍA MODERNA

En este portal se ha venido sosteniendo que las bajas proyecciones de crecimiento de la economía tienen que ver con la incertidumbre política que se desató luego del Gobierno de Perú Libre y el golpe fallido de Pedro Castillo. En el caso de la minería, por todos es sabido que luego de la inversión de Quellaveco, en el Perú ya no existen nuevas inversiones de esa magnitud. En ese escenario, la economía crecerá menos del 1% del PBI, la pobreza seguirá aumentando, la inversión privada caerá en más de 5% y la minera en más de 18%.

 

Mientras el PBI cae y avanza la minería ilegal sobre las concesiones legales

 

La confianza y la estabilidad política, por lo tanto, son asuntos de primer orden. Por estas razones es absolutamente incomprensible las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, acerca de que el proyecto de cobre Tía María no está en la agenda del Gobierno, luego de que el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, señalara que en su sector existe el deseo de que el mencionado proyecto se haga realidad en diálogo con la población y las comunidades.
El desmentido de Otárola, de una u otra manera, genera una sombra de incertidumbre sobre toda la cartera de inversiones mineras del país, que suman más de 46 proyectos y representan más de US$ 53,000 millones en inversiones. Por ejemplo, siempre es necesario subrayar que la acción de los sectores antimineros, la crisis política y la conflictividad en general han paralizado la cartera de proyectos en Cajamarca, que representan más de US$ 18,000 millones. Si los proyectos Conga, La Granja, El Galeno y Michiquillay estuviesen avanzando de acuerdo a las proyecciones, hoy Cajamarca no sería la región más pobre del país, con más de 44.3% de pobreza, sino una de las regiones con ingreso per cápita más alto del país.
Una de las cosas más lamentables de las declaraciones de Otárola sobre el mencionado proyecto de cobre en Arequipa es que se producen luego de que el Ejecutivo desarrolló una presentación alentadora para la inversión minera en la edición 36 de Perumin, que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). El propio PCM se comprometió en Perumin a hacer respetar el Estado de derecho en las zonas mineras, una demanda central para el proceso de inversión y producción minera en general. En el caso del Corredor Vial del Sur, en donde se emplazan las empresas que producen el 40% del cobre nacional, las empresas suelen padecer el bloqueo de las vías para impedir el traslado del mineral al puerto, y son frecuentemente atacadas por minorías radicales que ejercen violencia en contra de la Constitución y la ley.
El mismo Otárola también anunció que el Ejecutivo creará la Ventanilla Única Digital que posibilitará acelerar los trámites de los proyectos mineros en el país. Incluso anunció que la propuesta sería tratada en el Consejo de Ministros del próximo 2 de octubre.
El diagnóstico del Ejecutivo sobre el tema coincide con las demandas de los inversionistas frente a las sobrerregulaciones y tramitología en el sector. Según el Gobierno hoy se necesitan 43 permisos, licencias, autorizaciones, opiniones y certificaciones que están distribuidos en ministerios y dependencias: diez en Energía y Minas, cinco en el Ministerio de Ambiente, cinco en el sector Justicia, entre otros. En este contexto Otárola planteó la Ventanilla Única y anunció que se modificará el Reglamento Ambiental de Exploraciones Mineras con el objeto de reducir las autorizaciones a los seis meses y desarrollar los trámites de manera simultánea, sin necesidad de seguir paso por paso.
Cuando el Ejecutivo se contradice en un asunto tan delicado sobre la minería en medio de la caída del PBI y el aumento de pobreza, es evidente que se dispara varias veces a los pies y alimenta al peor enemigo de la democracia: el aumento de pobreza.

Tomado de: El Montonero

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