La celeridad del Congreso, ante esta situación inédita, se justifica plenamente porque la nación peruana está siendo agraviada y lesionada desde lo más alto del Estado.
Pedro Castillo ha perdido autoridad moral para gobernar. No puede seguir presidiendo la República después de la acusación constitucional de la Fiscal de la Nación ante el Congreso. La autoridad encargada de defender a la sociedad al más alto nivel del Estado ha cumplido valientemente a pesar de las amenazas para ella y para su familia.
Su denuncia trata de proteger a la población de una conducción nefasta e inaceptable en quien personifica a la nación, de quien se permite infracciones a la ley que gobernantes y gobernados deben acatar. A partir de delitos confesados por colaboradores inmediatos, con evidencias suficientes. Si bien no puede haber un proceso penal porque la Constitución no lo permite, existe el juicio político al que está obligado el Congreso y el juicio moral de la población que no cree en la írrita defensa el golpe de estado contra un presidente de extracción social modesta.
La denuncia lo dice todo, viene de una investigación fiscal que reúne un acervo probatorio que estigmatiza sin remedio a Pedro Castillo cuyo poder supremo le permite seguir delinquiendo y atentando contra el país. La celeridad del Congreso, ante esta situación inédita, se justifica plenamente porque la nación peruana está siendo agraviada y lesionada desde lo más alto del Estado.
Si bien no existe constitucionalmente la suspensión del mandato presidencial si está la incapacidad moral que exige vacancia, la misma que debe darse a pesar de la maligna complicidad de los congresistas niños, de los congresistas silentes y resignados y en especial de los ministros que no renuncian a tiempo. El Estado y la sociedad deben respetar la dignidad de la persona humana. Más aún exigible cuando se trata de la dignidad de la nación que somos todos. Simplemente no puede seguir.
