EL SALVADOR: 9 DE CADA 10 VOTARÁN POR REELECCIÓN DE BUKELE EL 2024

Nueve de cada diez de los casi ocho millones de salvadoreños apoyan al mandatario que se mantiene en “guerra” contra las pandillas, a pesar de las fuertes críticas de las ONG y de los organismos internacionales de derechos humanos

 

se espera que Bukele utilice todos los medios posibles para alcanzar la reelección en 2024,

Cuatro años después de su elección como presidente de El Salvador, y a pesar de las múltiples críticas de la ONG y organismos internacionales por violaciones de los derechos humanos, en su conocida “guerra” contra las pandillas, la popularidad del presidente Nayib Bukele sigue intacta e incluso en aumento.

Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión del mandatario que ayer cumplió cuatro años en la presidencia de este país de casi ocho millones de habitantes.

A lo largo de estos años, su “guerra” contra las pandillas, a la par de las denuncias de posible violación a los derechos humanos, han marcado su controvertido mandato. Sin embargo, mientras que los críticos aseguran que su deriva autoritaria es innegable, el líder salvadoreño sigue siendo el presidente con más aceptación de toda la región.

Ahora, se espera que Bukele utilice todos los medios posibles para alcanzar la reelección en 2024, que para muchos ya está asegurada. El respaldo que recibe es interpretado como una señal que va por “buen camino”.

De hecho, su eslogan de cara a los comicios de 2024 sigue siendo la “mano dura” contra el crimen organizado del país. Ante este escenario, ¿qué ha hecho Nayib Bukele para que coseche tanta aceptación pese al aluvión de críticas?

 

Un país sin pandillas: la otra cara del ‘paraíso’

René Huberto Díaz se despertó el sábado 25 de marzo de 2022 y fue a trabajar como cualquier otro día. El albañil de 50 años estaba trabajando en el diseño de una tumba en el cementerio municipal de Santa Elena, en la ciudad de Usulután.

Mientras almorzaba en un restaurante de la zona, dos personas se acercaron y lo mataron a balazos. Más tarde, se comprobó que no tenía ningún tipo de vínculo con las principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha 13 (M13) y Barrio 18.

La de Díaz fue una de las 87 muertes de ese fin de semana a finales de marzo. Los tres días más sangrientos registrados en el país en al menos 30 años.

La respuesta de Bukele, que ya llevaba casi dos años en el poder, fue rotunda: el 27 de marzo declaró el estado de excepción con la aprobación del Congreso e inició la que se conoce como la “guerra contra las pandillas”.

Uno de los factores que generó más malestar ese fin de semana fue que casi todos los asesinados fueron civiles, no pandilleros.

Un suceso que los expertos señalaron como algo “excepcional”, ya que, en las estructuras criminales, los homicidios nunca suelen ser “al azar”.

Investigaciones de diferentes medios de comunicación, como “El Faro”, explicarían más tarde por qué las pandillas actuaron de esa forma y cómo se llegó hasta ese 25 de marzo.

Desde el inicio de su mandato, Bukele estaba enfocado en reducir los índices de violencia con un plan de siete pasos que pocos sabían cómo funcionaba.

En paralelo, la Fiscalía había documentado y estaba investigando a varios funcionarios del Ejecutivo por negociar con las principales pandillas del país.

También se probó que los operarios de las cárceles daban un trato especial a los jefes de las pandillas –como servicios hospitalarios en el exterior, etc.– a cambio de que rebajaran la violencia en las calles, señala el periodista José Muñoz miranda en el portal digital de Bio Bio de Chile.

Pero un hecho acabó el pacto.

A finales de marzo de 2022, antes del fin de semana de la oleada de asesinatos, un convoy de la policía transportaba a varios pandilleros hasta la frontera, pero un grupo de militares los detuvo y los devolvió a la cárcel.

Situación que las pandillas interpretaron como una traición y que terminó en la ‘vendetta’ contra el Gobierno con el asesinato de civiles.

Bukele siempre ha negado cualquier vínculo con las pandillas, pero en El Salvador es sabido que algunas administraciones han negociado –fuera de los reflectores– con los grupos criminales para reportar avances en materia de seguridad.

Solo el pasado 29 de mayo, el expresidente Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión por negociar con las pandillas.

Desde la declaración del estado de excepción, vigente hasta el día de hoy, El Salvador eliminó las garantías constitucionales con el pretexto de frenar los homicidios.

Algunos derechos básicos como el derecho a la reunión y asociación o la presunción de inocencia se suprimieron.

Un plan que facilita el control por parte del Gobierno, en especial sobre los presuntos pandilleros: permite detener a alguien sin pruebas, así como ampliar el plazo en el que una persona puede estar detenida sin sentencia.

Medidas que han llevado a la detención arbitraria de miles de personas. Según la organización de defensa de DDHH, Cristosal, se han recibido más de 4.000 denuncias de detenciones arbitrarias.

“Cerramos el 10 de mayo de 2023 con 0 homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año”, apunto el mandatario.