EL SALVADOR: BUKELE ORDENO DESTRUIR TUMBAS SANTUARIOS DE LOS MARAS SALVATRUCHAS»
Delincuentes las habían convertido en centros de culto y a ellas peregrinaban con velas y flores. Osiris Luna, director de Centros Penales, explicó en su cuenta Twitter que ningún “terrorista merece ningún reconocimiento”
ningún “terrorista merece ningún reconocimiento”
El gobierno salvadoreño de Nayib Bukele dispuso la destrucción de al menos 80 placas funerarias alusivas a los pandilleros de las maras Salvatrucha y Calle 18, que habían sido convertidos en lugares de peregrinación y homenaje por los integrantes de las bandas que aún quedan libres.
La operación más importante se realizó en la víspera del Día de los Fieles Difuntos, el pasado 2 de noviembre, una de las mayores tradiciones en el Salvador, en el cementerio municipal de Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, el más grande de este país de 6.5 millones de habitantes.
Alcaldía y la población respaldan la medida
Allí decenas de reos en fase de confianza además de destruir los mausoleos, borraron grafitis relacionados con los actos criminales que habían realizado los difuntos cuando en vida formaban parte de las pandillas involucradas en sicariato, tráfico de drogas, extorsiones y violaciones, entre otros delitos.
Osiris Luna, director de Centros Penales, explicó en su cuenta Twitter que los pandilleros “honraban y colocaban flores” en las tumbas de sus integrantes, pero que «ningún terrorista merece ningún reconocimiento”. La medida fue respaldada por la alcaldía de la ciudad mientras mediante las redes sociales, la población respalda a la administración Bukele.
Las placas fúnebres destruidas tenían identificado el nombre de la persona fallecida, su alias en la pandilla y la fecha de su nacimiento.
El Salvador era el país más inseguro
Tras una oleada de asesinatos atribuidos a estas pandillas violentas a fines de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó el estado de excepción y la suspensión de las garantías constitucionales, que ya ha tenido siete prórrogas, cuyo objetivo es restaurar el orden en el país que de ser el más violento, ahora es uno de los más seguros con uno de los más bajos índices de credibilidad.
En 2015, la Sala de lo Constitucional en El Salvador declaró a las pandillas mara Salvatrucha y Barrio 18 como grupos terroristas responsables de atentados contra la vida, la seguridad y la integridad de la población salvadoreña.
Hoy, la política de mano dura del gobierno de Bukele busca erradicar a estos grupos mediante el régimen de excepción que lleva siete meses de vigencia y cuyo propósito es encarcelar a 70 mil presuntos pandilleros. Hasta la fecha, las capturas ascienden a 55 mil individuos.
Aunque la mara Salvatrucha tiene presencia en varios países incluyendo Estados Unidos, donde se conoce como el MS-13, desde hace décadas se arraigó en El Salvador.
“más les interesa velar por los asesinos terroristas, antes de proteger la vida de la población civil que desde hace años sufre los embates del crimen organizado”.
Mientras la política para imponer la seguridad y la erradicación de la violencia cuenta con el respaldo de la población, otorgándole al presidente Nayib Bukele una aprobación del 87%, diversas ONG han desaprobado esta política y aseguran haber registrado casi tres mil denuncias de violaciones de los derechos humanos y la muerte bajo custodia policial de unas 80 personas.
La próxima semana, un grupo de ONG, entre ellas Amnistía Internacional, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la situación de estos detenidos.
Sin embargo, el presidente Bukele ha sido muy críticos con estos organismos a cuyos dirigentes ha enrostrado que “más les interesa velar por los asesinos terroristas, antes de proteger la vida de la población civil que desde hace años sufre los embates del crimen organizado”.