El presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Prado Saldarriaga, expresó que la criminalidad organizada ya es un poder fáctico influyente y podría afectar las elecciones del año 2026.
Incidencia delictiva ejerce impacto a nivel político, jurídico y judicial, sostuvo juez supremo Víctor Prado
El juez supremo sostuvo que el avance de la actividad delictiva en nuestro país ha producido impactos en la población, en los gobernantes y en los jueces y juezas, a nivel político, jurídico y judicial.
«En lo político, la criminalidad organizada ya es un poder fáctico influyente y puede afectar el próximo proceso electoral en el país», alertó durante su exposición en el XIV Congreso Nacional de Jueces, realizado en Tacna.
Asimismo, expresó que hay una desconfianza generalizada de la población en la capacidad del Estado para controlar, mitigar o, tal vez, revertir la situación existente.
«(También) hay un impacto jurídico, hemos visto renacer el autoritarismo y el populismo penal, todo lo queremos resolver con la misma receta, esa es la percepción de todos los estamentos», remarcó Prado Saldarriaga.
Acciones inmediatas
Frente a este panorama, planteó quitar poder a las organizaciones criminales, para lo cual, dijo, se debe contar con los instrumentos legales y enfrentar el nuevo rostro del lavado de activos: las criptomonedas.
Al respecto, el magistrado anunció que presentará un proyecto de ley ante la Sala Plena de la Corte Suprema para criminalizar el lavado de las ganancias de la criminalidad organizada con el empleo de criptomonedas.
Además, propuso penalizar un nuevo delito denominado «conspiración criminal», teniendo en cuenta que ahora las cárceles se han convertido en escenario de coordinaciones de la criminalidad.
«La conspiración criminal no es hacer un delito, es conspirar para realizarlo en el futuro, y debe considerar dos agravantes: la intervención del funcionario público en esos actos conspirativos y su ejecución en los centros carcelarios», explicó el juez supremo.
Asimismo, el presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema planteó que el propio Poder Judicial revise sus acuerdos plenarios sobre criminalidad organizada, y que los casos de personas intervenidas por estos delitos graves se tramiten en las unidades de flagrancia.
También propuso dar a conocer cada mes las drásticas condenas, hasta de cadena perpetua, que imponen los órganos jurisdiccionales, lo que permitirá cambiar la percepción ciudadana sobre el PJ.
