En la picota. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió el impedimento de salida del país por espacio de nueve meses para el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, quien es investigado por el caso de los alimentos en mal estado distribuidos a los niños del programa Qali Warma.
Demartini es objeto de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, debido a que se le atribuyen los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia en agravio del Estado, todos ellos vinculados al caso Qali Warma.
Tras la formulación de la referida solicitud fiscal, el Poder Judicial informó que la audiencia para evaluar este pedido ha sido programada para el 4 de marzo próximo.
Con la solicitud de la Fiscalía, la situación legal del exfuncionario de Estado podría cambiar significativamente en los próximos días, en la medida que ya no podría ser designado para ninguna representación del país en el exterior.
LA PROTESTA
Frente a este pedido fiscal, el abogado de Demartini, Fernando Silva, dijo que la solicitud es “apresurada”, en la medida que la investigación a su patrocinado solo tiene 30 días de abierta. Además, consideró que la misma contiene supuestos y evidencias que a su entender serían “débiles” y debatibles.
“La tesis de parte de la fiscalía viene vacía y no debería de haber alguna medida de restricción. Las medidas de restricción deberían de ser cuando tienes un caso solido con bastante actividad probatoria, muy vinculante con el hecho criminal y la persona investigada; y cuando existe el peligro procesal, y no tenemos siquiera la primera parte”, dijo.
En ese sentido añadió que “será muy difícil” que un juez ampare tal solicitud. “No se puede decir que hay un peligro de fuga por ser designado como funcionario público en el extranjero”, sostuvo tras indicar que su patrocinado no le ha confirmado que ha sido designado para una delegación diplomática en el exterior”.
