FISCALES RECHAZAN DICTAMENES CONGRESALES QUE AFECTARÍAN SU AUTONOMÍA

La Junta de Fiscales Supremos rechazó anoche el debate y eventual aprobación por parte del Congreso de la República, de un paquete de proyectos de ley que (según opinan) afectarían determinadas funciones que le confiere la Constitución Política del Perú.

Fue mediante un comunicado público, el mismo que fue emitido en coordinación con los presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores y los titulares de las Juntas de Fiscales Provinciales del Perú.

Mediante el documento, los representantes del Ministerio Público formularon serios cuestionamientos al proyecto de ley de reforma constitucional que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público.

Así como en relación al dictamen que crea la Escuela Nacional de la Magistratura y respecto a la iniciativa legislativa que modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación de delito como función de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales.

“Los fiscales consideran que las mencionadas propuestas legislativas colisionan contra el orden constitucional, los valores y principios democráticos que sustentan la existencia y funciones asignadas al Ministerio Publico”, señalan en el documento.

Por ello, indican que en sesión plenaria y por unanimidad se acordó rechazar los referidos proyectos de ley «por cuanto quebrantan la autonomía e independencia institucional que le corresponde al Ministerio Público al pretender recortar sus funciones y atribuciones que le han sido asignadas por mandato constitucional».

Demandaron a los integrantes del Poder Legislativo “el respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, la separación de poderes y la institucionalidad democrática del país”.

Y convocaron a la ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho que se pretende socavar de aprobarse los referidos proyectos de ley. Finalmente, exhortan al Poder Ejecutivo a cumplir su función de control de legalidad y de constitucionalidad de los proyectos que se envíen para su promulgación.