FISCALÍA DE LA NACIÓN: Presentó denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo

La Fiscalía de la Nación  presentó ayer ante el Congreso una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Condor, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo.

por presunto nombramiento ilegal de una funcionaria

 

Según el comunicado oficial difundido ayer, 4 de junio, el funcionario, con apoyo de áreas administrativas de la entidad, habría designado de forma irregular a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad.

De acuerdo a la investigación fiscal, el defensor propuso el nombramiento de Olórtegui Risco a sabiendas de que no cumplía los requisitos legales exigidos por el Manual del Clasificador de Cargos de la institución.

El Ministerio Público  también dispuso remitir copias certificadas de la investigación preliminar seguida contra Olórtegui Risco por el presunto delito de aceptación ilegal de cargo, así como la intervención que habría tenido el personal de las áreas administrativas de la Defensoría del Pueblo en la contratación de la funcionaria.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, la Contraloría General de la República observó una serie de irregularidades en los nombramientos realizados dentro de la Defensoría del Pueblo, especialmente en la designación de funcionarios vinculados al partido Alianza Para el Progreso (APP).

En su informe N.º 001-2025-2-0680-SCE, se detalla que María del Carmen Olórtegui y Juan José Canales, quienes fueron asignados a puestos clave dentro de la institución, no cumplían con los requisitos de experiencia y formación para los cargos, lo que ha generado serias dudas sobre la imparcialidad y transparencia de los procesos de selección.

Olórtegui fue nombrada jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad en noviembre de 2024, y Canales asumió el cargo de jefe de Gabinete en junio del mismo año.

Ambos nombramientos estuvieron marcados por la falta de documentación que acreditara la experiencia necesaria para el cargo, así como por su afiliación activa a APP, lo que contraviene la normativa de neutralidad política que rige la Defensoría del Pueblo.