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Fiscalía realizó diligencias en el Instituto de Radio y Televisión del Perú

Como parte de las investigaciones que se llevan adelante en torno al contrato suscrito entre el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y la productora Digital Transmisiones SAC para la difusión de las actividades de APEC Perú 2024; funcionarios de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro realizaron ayer una serie de diligencias en la referida institución.

El operativo de exhibición y entrega de documentos que se llevó a cabo en IRTP (entidad que agrupa a TV Perú, Ipe y Radio Nacional), estuvo a cargo del Sexto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima Centro.

El Ministerio Público investiga una denuncia periodística de Willax, mediante la cual se advierte sobre la existencia de (presuntas) irregularidades en la suscripción del acuerdo con la citada productora, cuyo monto supera el millón de soles.

Mediante el referido contrato, la empresa Digital Transmisiones SAC se encargó de la difusión en vivo de las actividades que formaron parte la Semana de Líderes Económicos APEC Perú 2024 cuando, según algunos especialistas, este era un a labor que podía ser efectuada sin ningún problema por el personal especializado de TV Perú, con lo cual el Estado se hubiera ahorrado el monto pactado por el acuerdo.

En el informe periodístico se indica que el empresario César Panez Castrillón, propietario de Digital Transmisiones habría obtenido el referido contrato gracias a un concurso que habría sido supuestamente dirigido a su favor.

Ayer por la tarde  IRTP emitió un comunicado, señalando que se está colaborando con las investigaciones que efectúa el Ministerio Público. Mediante el documento se indica que los integrantes de la referida institución “reafirman su compromiso con la transparencia e integridad en todas las adquisiciones de bienes y servicios realizados por el foro APEC 2024”.

“Todos los actuados en el marco de la referida contratación se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y han sido remitidos a la Contraloría General de la República, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y la Oficina de Control Interno para la auditoria correspondiente”, se añade en el documento.

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