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¡GRAVE! ¡El Ejecutivo empuja el déficit fiscal al próximo Gobierno!

(El Montonero).- El Decreto de Urgencia 013- 2024, que pretende avanzar en el saneamiento de la situación financiera de Petroperú, en realidad empuja el problema del desangramiento de recursos fiscales que causa la petrolera nacional –una empresa quebrada que solo parasita el dinero de los contribuyentes– al Gobierno que se instalará en el 2026.

Ejecutivo no reduce gastos y siguen rescates de Petroperú

 

Como todos sabemos, en el gobierno de Dina Boluarte el déficit fiscal se ha salido de control. En el 2023 se proyectaba un déficit de 2.4% del PBI , pero se sumó 2.8%. En el 2024 la proyección del hueco fiscal era de 2% del PBI, pero el Ejecutivo aumentó la trayectoria a 2.8%. Sin embargo hacia mediados de este año el déficit sumaba 4% del PBI. ¿Cómo se van a cumplir las metas del propio Gobierno  con semejante acumulado? Parece imposible .

Una de las causas del descontrol del déficit –al lado de la irresponsable creación de gastos no presupuestados y exoneraciones sancionadas en el Legislativo y el aumento del gasto corriente en el Ejecutivo– son los sucesivos rescates financieros de Petroperú. Desde el 2016 hasta la actualidad –en deudas, préstamos y garantías– el Estado ha solventado más de US$ 4,000 millones a Petroperú, mientras la deuda acumulada de la petrolera estatal llegaba a sumar US$ 8,500 millones. Es decir, todas las tragedias, vicios, ineficiencias e irregularidades del Estado empresario en la región.

En este contexto, el Decreto Legislativo 013 – 2024 que pretende el saneamiento financiero de Petroperú, si bien contablemente no afectará el déficit de este año, posterga el problema fiscal para la próxima administración. En otras palabras, el gobierno de Boluarte obligará al próximo Ejecutivo a desarrollar un nuevo ajuste.

Por ejemplo, en febrero del 2024 se otorgó un préstamo de US$ 800 millones a Petroperú, vía el Banco de la Nación con garantía del MEF. El mencionado decreto establece que la garantía se ejecutará como parte del presupuesto –es decir, en el 2024 es imposible– de los próximos años, a partir del 2025. Igualmente, en octubre del 2022 y febrero del 2024 se otorgaron dos créditos que suman US$ 1,000 millones . Los plazos de pago se han renovado hasta el 2025 .

Asimismo, en mayo del 2022 el Estado concedió a Petroperú un crédito de S/ 500 millones para gastos de importación y gastos de operación. El plazo del crédito se ha aplazado hasta el 2025. Otro ejemplo de la voluntad de postergar el problema para el próximo año y la siguiente administración. Y el préstamo de US$ 1000 millones en efectivo que se otorgó a Petroperú a través del Banco de la Nación se efectivizará en el 2025.

Finalmente, en diciembre de este año se vence el pago de intereses de bonos e intereses de capital a bancos europeos por US$ 170 millones, que tendrán que ser asumidos por la caja fiscal, porque el Estado, finalmente, es el propietario de Petroperú. Todos los pagos se aplazan hasta el 2025.

Es evidente que el 2025 el desmadre financiero de la petrolera estatal seguirá aplazándose hasta el 2026, con el objeto de evitar el derrumbe fiscal de la administración actual .Y luego llegará la nueva administración, y entonces el ajuste será inevitable, si queremos manejar un déficit de 1% del PBI, tal como sucedía en el Perú antes de la pandemia .

Una vez más, la naturaleza de izquierda del gobierno de Boluarte deja en evidencia que desde esa orilla ideológica es imposible reducir los gastos, controlar el déficit y superar a las empresas estatales quebradas. Allí estamos.

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